/ jueves 5 de agosto de 2021

El afán recaudatorio

Desde que se constituyó el Estado, al prescindirse del honor de representar a los ciudadanos y convertirse en empleado de ellos, surgió la necesidad de obtener de estos recursos para pagar los emolumentos, los sueldos de quienes les prestaban sus servicios.

Entonces se establecieron leyes para obligar a los ciudadanos a pagar impuestos para que el Estado cumpliera con sus funciones de Ente Público y les regresara esos ingresos mediante el otorgamiento de distintos servicios directos como seguridad, salud, educación, vialidades, e indirectos como transporte, registros, censos y los demás que usted pueda necesitar.

El equilibrio se rompe cuando el Gobierno al recaudar descuida la pulcritud en la administración de los fondos que le son ajenos y paga sueldos desproporcionados a sus empleados, o simplemente los destina a otros fines que no son aquellos que integran el abanico de servicios que debe prestar el estado.

Se desvían recursos y no se proporcionan escuelas, energía eléctrica, agua potable, alcantarillado, saneamiento de cauces y lechos de ríos, presas, lagos y lagunas, y entonces no está cumpliendo con sus funciones y ocasiona no solo la desconfianza y el descontento de sus gobernados, sino que genera la protesta que conlleva la evasión porque nadie quiere pagar voluntariamente algo que sabe que no se va a destinar para los fines que fue creado sino para otros marcados por la deshonestidad.

El Gobierno se vuelve contra sus propios ciudadanos buscando no solo hacerles cumplir con sus obligaciones, que en México están constitucionalmente establecidas en el artículo 31 fracción IV de la Constitución, sino que ejerce facultades de fiscalización y de imposición de sanciones a los omisos y evasores.

Pero ahí no paran las cosas; como los ingresos obtenidos no son suficientes gracias a la evasión de los obligados y a la desviación de los administradores deshonestos, entonces el Estado busca otra forma de obtener ingresos; o puede recurrir a los empréstitos que necesariamente deberá pagar con una cuota de premio, es decir los intereses, sea que provengan de entidades privadas o públicas o fuentes de financiamiento internacionales, o lo más fácil, que es recaudar más a costa de los gobernados.

Es impopular esta última medida pero resulta absolutamente necesaria para compensar el daño causado tanto por la evasión como por la desviación, ambas conductas totalmente reprobables.

En México pagamos impuestos por coacción no por convicción; pagamos por el miedo a ser enjuiciados, encarcelados por omitir el pago del impuesto pero no los pagamos porque vemos que el Gobierno nos devuelve cada peso que le pagamos en obras de infraestructura, transporte subvencionado, alimentación subvencionada, seguridad, salud, educación, agua, aseo público, luminarias.

Eso ocasiona la reticencia al pago del impuesto, la desconfianza porque no se ve que vayan a destinarse adecuadamente y solo vengan a mejorar las condiciones de quienes trabajan para nosotros en la administración pública y que sin embargo se consideran dueños de nuestros ingresos y de nuestro patrimonio olvidándose que son empleados, de mayor o menor categoría pero al fin empleados nuestros y nos tratan con la punta del pie.

Si a eso le agregamos que quienes han sido traidores a su palabra y se han aprovechado de su empleo público para enriquecerse a costa de todos los que en mayor o menor medida pagamos impuestos, el descontento con las nuevas recaudaciones es evidente y totalmente explicable.

Allá por el siglo XVI se cobraban las alcabalas, que era una renta real que gravaba el valor de todas las cosas muebles, inmuebles y semovientes que se vendían o permutaban; en el siglo XVIII existía el impuesto del peaje y para eso estaban establecidas las garitas.

El cobro del impuesto no es nuevo, lamentablemente el manejo de esos ingresos por parte de quienes están a cargo de la administración de la hacienda pública no ha sido bueno a lo largo de los siglos y por eso se da el juego del gato y el ratón; a que te agarro, a que no me cachas; juego que contribuye a un crear un círculo vicioso cuando necesitaríamos crear un círculo virtuoso.

Todavía se puede. Que las palabras se vuelvan realidad; que exista total transparencia en el manejo de los recursos públicos y su destino; que se castigue a los evasores con la misma severidad que a los desviadores de recursos a los que se aprovechan de las contribuciones para echárselas a la bolsa.

Solo entonces el juego será limpio y los mexicanos dejaremos de pagar impuestos por coacción y empezaremos a pagarlos por convicción y solidaridad. Por eso todas las medidas recaudatorias son impopulares. Debemos entenderlo de una buena vez.


* Doctor en Derecho

Desde que se constituyó el Estado, al prescindirse del honor de representar a los ciudadanos y convertirse en empleado de ellos, surgió la necesidad de obtener de estos recursos para pagar los emolumentos, los sueldos de quienes les prestaban sus servicios.

Entonces se establecieron leyes para obligar a los ciudadanos a pagar impuestos para que el Estado cumpliera con sus funciones de Ente Público y les regresara esos ingresos mediante el otorgamiento de distintos servicios directos como seguridad, salud, educación, vialidades, e indirectos como transporte, registros, censos y los demás que usted pueda necesitar.

El equilibrio se rompe cuando el Gobierno al recaudar descuida la pulcritud en la administración de los fondos que le son ajenos y paga sueldos desproporcionados a sus empleados, o simplemente los destina a otros fines que no son aquellos que integran el abanico de servicios que debe prestar el estado.

Se desvían recursos y no se proporcionan escuelas, energía eléctrica, agua potable, alcantarillado, saneamiento de cauces y lechos de ríos, presas, lagos y lagunas, y entonces no está cumpliendo con sus funciones y ocasiona no solo la desconfianza y el descontento de sus gobernados, sino que genera la protesta que conlleva la evasión porque nadie quiere pagar voluntariamente algo que sabe que no se va a destinar para los fines que fue creado sino para otros marcados por la deshonestidad.

El Gobierno se vuelve contra sus propios ciudadanos buscando no solo hacerles cumplir con sus obligaciones, que en México están constitucionalmente establecidas en el artículo 31 fracción IV de la Constitución, sino que ejerce facultades de fiscalización y de imposición de sanciones a los omisos y evasores.

Pero ahí no paran las cosas; como los ingresos obtenidos no son suficientes gracias a la evasión de los obligados y a la desviación de los administradores deshonestos, entonces el Estado busca otra forma de obtener ingresos; o puede recurrir a los empréstitos que necesariamente deberá pagar con una cuota de premio, es decir los intereses, sea que provengan de entidades privadas o públicas o fuentes de financiamiento internacionales, o lo más fácil, que es recaudar más a costa de los gobernados.

Es impopular esta última medida pero resulta absolutamente necesaria para compensar el daño causado tanto por la evasión como por la desviación, ambas conductas totalmente reprobables.

En México pagamos impuestos por coacción no por convicción; pagamos por el miedo a ser enjuiciados, encarcelados por omitir el pago del impuesto pero no los pagamos porque vemos que el Gobierno nos devuelve cada peso que le pagamos en obras de infraestructura, transporte subvencionado, alimentación subvencionada, seguridad, salud, educación, agua, aseo público, luminarias.

Eso ocasiona la reticencia al pago del impuesto, la desconfianza porque no se ve que vayan a destinarse adecuadamente y solo vengan a mejorar las condiciones de quienes trabajan para nosotros en la administración pública y que sin embargo se consideran dueños de nuestros ingresos y de nuestro patrimonio olvidándose que son empleados, de mayor o menor categoría pero al fin empleados nuestros y nos tratan con la punta del pie.

Si a eso le agregamos que quienes han sido traidores a su palabra y se han aprovechado de su empleo público para enriquecerse a costa de todos los que en mayor o menor medida pagamos impuestos, el descontento con las nuevas recaudaciones es evidente y totalmente explicable.

Allá por el siglo XVI se cobraban las alcabalas, que era una renta real que gravaba el valor de todas las cosas muebles, inmuebles y semovientes que se vendían o permutaban; en el siglo XVIII existía el impuesto del peaje y para eso estaban establecidas las garitas.

El cobro del impuesto no es nuevo, lamentablemente el manejo de esos ingresos por parte de quienes están a cargo de la administración de la hacienda pública no ha sido bueno a lo largo de los siglos y por eso se da el juego del gato y el ratón; a que te agarro, a que no me cachas; juego que contribuye a un crear un círculo vicioso cuando necesitaríamos crear un círculo virtuoso.

Todavía se puede. Que las palabras se vuelvan realidad; que exista total transparencia en el manejo de los recursos públicos y su destino; que se castigue a los evasores con la misma severidad que a los desviadores de recursos a los que se aprovechan de las contribuciones para echárselas a la bolsa.

Solo entonces el juego será limpio y los mexicanos dejaremos de pagar impuestos por coacción y empezaremos a pagarlos por convicción y solidaridad. Por eso todas las medidas recaudatorias son impopulares. Debemos entenderlo de una buena vez.


* Doctor en Derecho

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