Negar lo evidente es absurdo. Mucho menos en tiempos previos a las campañas, donde los principales actores políticos fijan posiciones y empiezan sus tareas de seducción para los electores, ofreciéndoles las perlas de la virgen a cambio de su más preciado derecho cívico que es el voto y la política del partido oficial de negar reiteradamente hechos reales no les habrá de dar frutos positivos.
En reiteradas ocasiones tanto el Gobierno Federal como los Gobiernos Estatales y Municipales en diversas entidades federativas, los titulares de los respectivos ejecutivos, se empeñan en negar que en México exista un clima especialmente peligroso para la población civil y cuando son cuestionados por los reporteros o niegan los hechos, o les dicen que tienen otros datos o simplemente que los actos de violencia de los que a diario nos enteramos, se trata de una lucha intestina de la delincuencia.
Lamentablemente esa táctica no abona en nada para que la ciudadanía tenga confianza en sus autoridades y por más que se diga que el pueblo está contento, que el país está en paz y que los Gobernadores nieguen la violencia en sus estados.
Sonora, Guerrero, Michoacán, Veracruz, Zacatecas, el Estado de México, Puebla, Quintana Roo, Baja california, Tabasco, Chiapas, Jalisco, a lo largo y ancho del territorio nacional, el crimen está presente. Negarlo, es un patrón de conducta que atenta contra la inteligencia de los mexicanos.
Los gobernantes se refugian en datos que si bien son ciertos de acuerdo a sus estadísticas, no reflejan la realidad. La cuestión tampoco está referida a la percepción ciudadana de la inseguridad, porque es algo subjetivo, algo personal.
Lo que resulta objetivo son dos cosas: las estadísticas en cuanto a la criminalidad, a la existencia de delitos, van directamente proporcionales al número de denuncias penales o querellas que presentan los ciudadanos, pero la mayoría de los afectados no lo hace, porque por una parte se quejan de la ineficiencia de las autoridades, porque la integración de las carpetas de investigación además de ser lenta es compleja y los elementos ministeriales y policiales se enfrentan a la problemática que arranca desde el llenado del acta respectiva hasta las tareas de detención que se ven limitadas por el temor a cometer una violación procesal que genere o la liberación del detenido por fallas en la integración o por la amenaza de la intervención de la Comisión de los Derechos Humanos, y por otra parte porque cuando sí se logra la captura, aparecen las amenazas hacia la familia de los afectados lo que se traduce en revictimización y mejor no acuden a denunciar y la consecuencia es que en las cifras los delitos van a la baja, pero lo que pasa no es que efectivamente esto suceda así, sino que las víctimas o los familiares de las víctimas prefieren mejor no denunciar y aguantar a pie firme los abusos de la delincuencia ante la inoperancia de las autoridades.
Otro elemento objetivo, son las imágenes que día a día aparecen en los noticiarios de la televisión y en las redes sociales; asaltos, secuestros, levantones, homicidios, quema de vehículos, delito tras delito.
Hace poco una candidata a un puesto de elección popular a pregunta de un reportero en el sentido de si tenía diseñada una estrategia que efectivamente ayudara a reducir la criminalidad, dio una respuesta hilarante; la estrategia para reducir los índices de criminalidad es diseñar una estrategia que efectivamente reduzca el crimen.
Hágame usted el soberano favor.
La población se siente indefensa, a expensas de la criminalidad; peor aun cuando vemos que se emboscan a policías, se asesinan elementos de la guardia nacional, se burlan del ejército incluso comunidades del sureste mexicano se unen para que los soldados que son enviados para poner orden en la zona se vayan de regreso porque prefieren cuidarse solos y por eso surgen las autodefensas.
En medio de ese caos, el pretexto favorito es atribuir la responsabilidad de los delitos de alto impacto en esta materia, a los conflictos intestinos de las bandas de la delincuencia organizada; puede ser pero mucha población civil para identificarla con un nombre, es completamente ajena a esas luchas entre los delincuentes y es víctima colateral.
Y luego otra salida falsa: que, si es competencia de la autoridad federal, que n o, que es de competencia de la autoridad Municipal, no, tampoco es culpa del Gobierno del Estado y éste le echa la culpa al Gobierno federal y mientras unos y otros se pasan la bolita, por decirlo en tono decente, es el pueblo el que se perjudica.
Y luego salen con esas perlas de sabiduría, con que la estrategia eficaz para deducir la inseguridad es diseñar una estrategia para reducirla. Como dicen en mi pueblo, No, pos sí, esta rete clarito.
Yo creo que el primer paso para empezar a resolver el problema, más allá de las políticas de abrazos y no balazos, de acusar con las abuelitas, de echarle la culpa a los demás, es admitir que efectivamente tenemos un problema, porque mientras se siga negando y evadiendo, las cosas se van a poner cada vez peor.
Queremos gobierno preventivo no reactivo. Quieren tapar el pozo después de que se cayó el niño. No podemos solucionar un problema si primero no admitimos que lo tenemos. El pueblo es bueno pero no es tonto.
