El pasado 13 de noviembre en sesión extraordinaria, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco discutió cuestiones relativas a la Consulta Popular sobre el Pacto Fiscal. Si bien el asunto giraba en torno a la modificación de los lineamientos para llevar a cabo la preparación, desarrollo, cómputo y declaración de los resultados de este ejercicio, desde días anteriores se había dado a conocer que funcionariado de la Secretaría de Turismo había denunciado que sus superiores estaban coaccionándoles para entregar listas de personas referidas que acudirían a la consulta, mismas que podrían ser verificadas. En otras palabras, que se estaba orquestando lo que en la cultura política mexicana se llama "acarreo".
Esta consulta que presume ser un mecanismo de participación ciudadana y por ende, una manifestación democrática, ha estado plagada de señalamientos por las motivaciones y las formas. Respecto a las motivaciones porque este ejercicio suma a la narrativa oficialista que el gobernador y su partido han fabricado en contraposición al gobierno federal. El argumento que sostiene el alfarismo ha sido el maltrato recibido por parte de la Federación, mismo que se ve reflejado en el presupuesto que se asigna a Jalisco y a sus proyectos estratégicos (como la Línea 4 del Tren Ligero, que además fue promesa de campaña).
Y por otro lado, eso que tiene que ver con las formas, las críticas han sido (al igual que la que se hizo a nivel federal, de ese que en Jalisco tanto nos quejamos) por la manera en la que la pregunta está formulada y en fechas más recientes, porque menores de edad podrán votar y que los votos emitidos serán contabilizados. El quid con esto tiene que con la complejidad que supone comprender cómo funciona el pacto fiscal, las instancias involucradas y la manera en la que se hacen los cálculos.
Es en este escenario que en la sesión del sábado pasado representantes de los partidos de oposición en el estado manifestaron su preocupación e inconformidad con que servidoras/es públicos se vieran involucradas/os en el llamado a la ciudadanía para acudir a la consulta. Sin embargo, la presidenta del IEPC, Paula Ramírez Höhne mencionó al respecto que el funcionariado del Gobierno sí pueden llamar a los ciudadanos a participar porque no ve elementos ilegales para prohibirlo y que sería contrario a la propia ley y a los derechos humanos, particularmente la libertad de expresión que tienen todas las personas.
El conjunto de todos estos elementos hace que la consulta pierda legitimidad y quede manchada como un capricho más del gobernador, que además, intenta ser revestido y justificado de espíritu democrático y orgullo tapatío.
* Vicepresidenta de Hagamos
