¿Cuántas veces tenemos que morir las mujeres para alcanzar justicia? Hago esta pregunta en un panorama nacional donde las mujeres hemos sido acusadas de provocar nuestras propias muertes, es decir, nosotras caemos en cisternas, nos asfixiamos con cables de teléfonos públicos, nos suicidamos con nuestra ropa interior en celdas donde fuimos detenidas de manera irregular y en Jalisco nos prendemos fuego después de interponer varias denuncias contra nuestros agresores en instancias que deberían proteger nuestras vidas.
Escribir sobre estas dolorosas situaciones, en donde madres de familia y familias enteras han buscado la verdad más allá de las hipótesis de la justicia y que han logrado contradecir con pruebas irrefutables como es que sus hijas, hermanas y amigas han sido víctimas de feminicidios inenarrables, que no terminan solo el día en que se les arrebata la vida a las víctimas, sino que llevan un largo y tortuoso proceso, donde las autoridades ignoran los primeros llamados de auxilio, una vez perpetrados los crímenes, niegan la justicia y cuando se cree que nada puede ser peor, guían las líneas de investigación para que las mujeres sean responsables de sus propios feminicidios, estos casos tienen nombre y rostro: Mariana Lima, Digna Ochoa, Lesvy Berlín, Debanhi Escobar, Yessica Guzman, Abigail Urrutia y Luz Raquel Padilla.
Si alguien nos narrara estas historias de la justicia en nuestro país, probablemente no podríamos creerlas, sin embargo está más cerca de lo que pensamos, está en Jalisco, un estado que cuenta con Alerta de Violencia de Género desde el 8 de febrero de 2016 donde se anunció la emisión de la declaratoria de Alerta de Violencia Contra las Mujeres (AVCM) en ocho municipios del Estado: Guadalajara, Zapopan, Tonalá, Tlajomulco, Tlaquepaque, El Salto, Puerto Vallarta y Ameca. El mismo estado donde se presentó el Plan de Trabajo del Gobierno del Estado que coordina la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres (SISEMH), para atender el mecanismo federal de la alerta, si, este estado en donde el Fiscal de Jalisco hace algunas semanas dio terribles y revictimizantes declaraciones en el caso de Luz Raquel, orientando la investigación hacia la autoinmolación de Luz. Un caso que deja una terrible huella del dolor para las mujeres y que a todas luces no recibió el tratamiento de impartición de justicia con perspectiva de género y es justo esta la causa, por la que las autoridades deben comparecer.
Con todas las omisiones por parte de las instituciones que atrapan el caso de Luz, que iniciaron desde sus primeras denuncias y que continúan hasta después de su feminicidio, el Congreso del Estado nos vuelve a fallar a nosotras, primero porque no había fecha para la comparecencia de las autoridades responsables, segundo porque que tuvieron que ser presionadas y presionados para que se estableciera la temporalidad de la rendición de cuentas y tercero porque la Junta de Coordinación Política del Legislativo, con el voto a favor de Movimiento Ciudadano, Morena y Partido Verde, realizaran el viernes a puerta cerrada la comparecencia del fiscal, de Paola Lazo Corvera Secretaria de Igualdad Sustantiva, de Jorge Baltazar Pardo Ramírez encargado del Centro de Justicia para las Mujeres y Jorge Alberto Arizpe García, comisario general de seguridad pública de Zapopan.
El argumento central para la reserva de la rendición de cuentas, es el seguimiento del debido proceso. Las mujeres nos preguntamos: ¿El fiscal pensó en el debido proceso cuando dio las primeras declaraciones, donde entre líneas, buscada inculpar a Luz de su propio feminicidio?
A Luz Raquel la han asesinado tres veces en Jalisco, la primera cuando ignoraron las denuncias de los primeros ataques que recibió con cloro y el vandalismo en su propiedad, la segunda cuando sus agresores le arrebataron la vida y la tercera cuando las instituciones omitieron los protocolos de impartición de justicia con perspectiva de género, liberaron al presunto autor de los hechos y guiaron las investigaciones para que ella fuera la principal sospechosa de su feminicidio.
