Esta semana fuimos testigos de cómo el país puso su atención sobre la elección de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: Norma Lucía Piña Hernández, la primera mujer que preside el máximo tribunal de justicia del país y el Consejo de la Judicatura Federal, la primera, desde hace más de cien años que se restableció la Suprema Corte de Justicia en 1917. Fue electa por mayoría simple de seis votos, tras diversas controversias que atravesó la elección de la presidencia de la Suprema Corte, esta designación fue bien recibida por la mayoría de las y los magistrados.
La ministra es una constitucionalista con 35 años de carrera, maestra normalista y abogada. Inició profesionalmente en el Poder Judicial en 1988 y es ahí donde desarrolló su carrera hasta llegar a la Corte en 2012, a propuesta del entonces presidente Enrique Peña Nieto.
Ha tenido participaciones decisivas en la Corte, que ha dejado clara tu perspectiva progresista, por ejemplo: su declaratoria respecto a la inconstitucionalidad de las leyes que penalizan el aborto; la eliminación de la prohibición absoluta del consumo lúdico o recreativo de la marihuana; votó también a favor de la eliminación de la prisión preventiva oficiosa.
La elección de la ministra Piña Hernández, es una designación esperanzadora, no solo por ser la primera mujer en ocupar este cargo, que es ya por sí solo, un parteaguas que marca la historia de un país donde impera el machismo, la misoginia, las violencias contra las mujeres y con esto los techos de cristal. Sin embargo, hay otro gran motivo, en el desempeño de su cargo nunca se alineó al poder ejecutivo, ha sido crítica, propositiva y una evidente defensora de los derechos humanos. Durante el proceso de esta elección, fue claro que ella no era la propuesta del ejecutivo para llegar a la presidencia de la Corte, y esto es relevante de todas las formas posibles, ya que asegura la autonomía de este máximo órgano y la separación de poderes que tanto le hace falta a nuestro país para la impartición de justicia.
En el proyecto que propuso la ministra Norma Lucia, deja clara su base de trabajo en torno a la independencia judicial, plasmando lo siguiente: “La recuperación de la confianza social en el sistema de impartición de justicia pasa, inevitablemente, por el reposicionamiento de la independencia judicial como la base a partir de la cual las y los jueces damos cumplimiento a las demandas de las personas justiciables. La pérdida de la independencia judicial no sólo afecta a los integrantes de la judicatura, sino que repercute en el equilibrio de los poderes al vulnerar las libertades y los derechos humanos de las personas.” Lo anterior es a todas luces, un buen síntoma para la Corte y para el país entero.
No quiero dejar de resaltar, la importancia que este hecho tiene para nosotras las mujeres, para las juristas de todo el país y para la progresividad de los derechos humanos, ya que desde su proyecto, ha propuesto aplicar la perspectiva de género en el PJF, para lo que establece cinco ejes vitales: valor para hacer frente al acoso sexual y a la violencia de género; paridad sobre todo en puestos de alta responsabilidad para romper los techos de cristal; presupuesto suficiente para hacer posible esa perspectiva; habilidad en la materia, y respaldo administrativo para gestionar las políticas necesarias.
No cabe duda que hoy, todas las mujeres nos vemos representadas a través de su figura, que para nosotras este es un hecho de celebración, que reivindica la historia; como dijo la ministra, hoy está acompañada y respaldada por todas las voces de las mujeres que lucharon antes y de las mujeres que luchamos ahora.
