El estado de Jalisco atraviesa por una crisis de secuestro a las instituciones “autónomas” y una división de poderes nula, podríamos decir con las acciones que ha encabezado la administración del Gobernador Enrique Alfaro, que prácticamente logró mimetizar a los tres poderes de esta entidad, siempre con el sello de la casa, el de Movimiento Ciudadano.
Hagamos un recuento de las irregularidades y atropellos que iniciaron con esta administración en el 2018, con designaciones turbias de tres integrantes del Consejo de la Judicatura, donde Rosa Imelda Hernández Muñoz, fue la única que pasó el examen de entre 61 aspirantes, como parte del proceso de elección, sin embargo, ella no fue seleccionada, mientras que diputadas y diputados optaron por hacer de lado la evaluación para hacer elegibles al resto de candidatos, esta designación estuvo marcada por las violaciones al procedimiento y requisitos establecidos previamente.
Luego de ello, vino la selección de la presidenta del ITEI, en esta la mejor evaluada fue Natalia Mendoza Servín, quien tuvo 98 de 100 en su prueba, mientras que Salvador Romero Espinosa obtuvo 88 puntos y aún así fue seleccionado por las diputadas y diputados. Se repuso la convocatoria, y en esta, la evaluación que se aplicó a las aspirantes fue ilegal, al incorporar requisitos que no marca la ley y además, y permitir que varios de los expertos que aplicaron el examen oral y escrito y de la revisión del ensayo, incurrieron en conflictos de interés, entre ellos Vicente Viveros y Otoniel Varas de Valdez, vinculados al partido Movimiento Ciudadano.
Otro de los más recientes actos de corrupción de la mayoría de legisladoras y legisladores del Congreso del Estado, fue la designación de Luz del Carmen Godínez González, como la nueva presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), que era inelegible por incumplir uno de los requisitos más importantes que pedía la convocatoria para garantizar la autonomía de los aspirantes: no haber sido funcionaria pública municipal o estatal en los dos años previos a la elección.
Por último, la designación de Miguel Ángel Hernández Velázquez como nuevo integrante del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción, que viene a ser la daga en el corazón de los organismos autónomos de Jalisco, debido a que el exsecretario del ITEI, no fue de los mejor calificados. El mejor evaluado en el proceso fue el ex contralor de Guadalajara, Enrique Aldana, quien ante las deficiencias en el proceso presentó una demanda de amparo para impugnar la selección. Lo que magnificamos con este último hecho, es la gravedad del secuestro del Sistema Estatal anticorrupción para doblegarlo al poder.
La violación a los procesos democraticos, el conocimiento, lo derechos humanos, la impartición de justicia y la trasparencia, siempre con la complicidad de las mayorias avasalladoras de la casa de las y los jaliscienses, es la marca personal del Gobernador y del partido en el poder, nada distante de las criticas centralistas que le ha hecho al gobierno federal y muy alejado de la democracia que pregonan defender.
