Este capítulo negro en la historia de Jalisco, me recuerda a las palabras de Emma Goldman: “algunos se preguntan cómo puede la mayoría traicionar las tradiciones de libertad; dónde se encuentra su criterio, su capacidad de raciocinio. Justamente es esto, la mayoría no puede razonar; no puede juzgar. Carentes absolutamente de originalidad y de coraje moral, la mayoría siempre deja su destino en manos de otros. Incapaces de asumir responsabilidades, siguen a sus líderes incluso hacía la destrucción”.
Después de seis días de haber establecido un campamento a las afueras de Casa Jalisco para protestar con consignas, actividades lúdicas, pancartas y porras por la liberación de tres estudiantes de la Universidad de Guadalajara, que fueron sentenciados a prisión preventiva oficiosa por sembrar árboles, ejercer su derecho a la libre manifestación y libertad de expresión en el parque que llamarón: Resistencia Huentitán. Quedaron en libertad, no por la decisión del gobernador o su postura, no por la inexistente imparcialidad del juez Felipe de Jesús Rivera Gallegos, quien demostró que los procesos plagados de irregularidades son parte de su trayectoria judicial. La libertad fue por la presión de la sociedad civil, de la comunidad universitaria, de las y los periodistas, los partidos políticos y las voces a nivel nacional e internacional que denunciaron la arbitrariedad de la detención y la violación a los derechos humanos de los compañeros estudiantes.
Podríamos pensar, incluso nos gustaría que fuera cierto, que esto es una excepción, algo extraordinario en el estado de Jalisco, sin embargo no es así, es el actuar sistemático del gobierno de Jalisco encabezado por Enrique Alfaro, quien tiene por sello distintivo la represión y persecución política de aquellos y aquellas que contravienen sus intereses, pero sobre todo sus intereses económicos; estos disensos que son normales en una democracia efectiva, Enrique Alfaro los instrumenta en terribles venganzas a través del Poder Judicial y del Poder Legislativo al ser nula la separación de poderes entidad.
Hagamos un recuento del daño que le ha traído a la impartición de justicia esta extraña, pero ya reconocida forma de gobernar: el 4, 5 y 6 de junio, un centenar de jóvenes fueron víctimas de desaparición forzada por parte de la Fiscalía del Estado de Jalisco, sin que haya a la fecha un solo detenido y con el reconocimiento del gobernador de que la fiscalía estaba infiltrada por el crimen organizado; la imputación de diez mujeres feministas por intervenir la Secretaría de Educación Jalisco, buscando justicia por el abuso sexual que sufrieron algunas menores, dentro de las instalaciones de escuelas de educación básica y que no habían tenido justicia; el terrible tratamiento, carente de perspectiva de género que se encargó de revíctimizar a Luz Raquel, después de haber sido víctima de feminicidio, expuesta mediáticamente sin el menor respeto por ella y por todas las mujeres víctimas de violencia en el estado de Jalisco, en donde por si fuera poco, el feminicida salió en libertad.
El hecho inédito que acabamos de vivir nos atraviesa a todos, el mensaje del gobernador fue claro: “tengo la capacidad de inventar delitos, ejecutarlos a través de privados, el Poder Judicial y sus jueces corruptos y del silencio del Congreso del Estado si no están conmigo y con mis intereses”.
Con todo y el mensaje que la sociedad jalisciense copió de recibido, la comunidad de la Universidad de Guadalajara hizo frente a los embates políticos del ejecutivo, se plantó firme y defendió no solo la libertad de expresión y la inocencia de Javier Armenta y su compañero, sino que demostró la unidad, legitimidad e identidad de la educación superior pública en Jalisco.
Estos oscuros días develaron un gran mensaje, las juventudes en Jalisco tienen una voz poderosa y unificada, dispuestas a defender el espacio público, proteger lo común para todas las personas, denunciar al cartel inmobiliario que nos arrebata el derecho a la vivienda y visibilizar que las prioridades son la justicia, la verdad y la libertad.
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