Luego de la turbulencia en el máximo tribunal electoral del país hace apenas unos días, el poder Judicial vuelve a dar de que hablar tras las declaraciones del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, afirmando que no buscará la extensión de su mandato por dos años más, como se había proyectado en los transitorios de la reforma judicial.
Estas declaraciones, se hacen a más de tres meses de especulación sobre lo que pasaría en el máximo tribunal del país, pues las implicaciones de que Arturo Zaldívar se mantuviera en la presidencia eran muchas y de gran trascendencia.
Exponer públicamente su intención de abandonar la presidencia al final de su mandato, a días de que se reuniera el pleno a discutir el proyecto de resolución presentado por el ministro Fernando Franco González Salas, no fue un movimiento fácil para el ministro Zaldívar, pues desde que se aprobó la reforma Judicial en el Senado, con el transitorio que proponía ampliar su término hasta 2024, el ministro estaba entre la espada y la pared. Por un lado, tenía al Presidente López Obrador impulsando la ampliación con todos los recursos institucionales y políticos a su disposición, y dando su respaldo públicamente en varias mañaneras; mientras que, por el otro, la evidente inconstitucionalidad que representaba la extensión de su periodo, y lo incongruente que parecía que el ministro fuera cómplice de la artimaña, siendo él uno de los guardianes de nuestra carta magna.
Para el ministro, el dilema estaba entre rechazar él mismo la ampliación o esperar a que sus compañeros la discutieran en el pleno y resolvieran lo evidente: la ampliación era inconstitucional. Y si bien, rechazar él mismo la ampliación le podía implicar un desgaste con el Presidente, los riesgos de esperar a que sus compañeros resolvieran eran mayores, pues al ser casi segura la resolución en negativo, ésta le representaría una derrota política y pondría en riesgo su legitimidad para seguir impulsando la reforma al poder Judicial. Así pues, es evidente que Zaldívar, tras un análisis costo-beneficio, tomó la única alternativa viable para él, y se adelantó a rechazar la ampliación, dando antes aviso al Presidente y reconociendo el apoyo recibido.
Este desenlace, debe alegrar a los principales opositores del Presidente, que se habían ya posicionado en contra de la ampliación del mandato del Presidente de la Corte, por ser una medida que establecía un precedente peligroso, y que hubo quien dudo que se hubiera pensado como un primer intento de probar las aguas en torno a la ampliación de un periodo para después preparar un movimiento similar para la Presidencia de la República.
Lo cierto, es que sí existía un interés personal de López Obrador por mantener al ministro Zaldívar como ministro presidente de la SCJN, pues para nadie es secreto que entre ambos actores hay compatibilidades ideológicas y personales que le resultan de utilidad al Presidente.
Con esto, concluye un capítulo importante del proceso de politización de la Corte, que ha tomado una especial relevancia durante los últimos años y que deja aun batallas pendientes como la que se está llevando en el TEPJG.
