Por primera vez en nuestro estado tendremos una consulta popular en la que se invita a la ciudadanía a participar, a través del voto, en la definición de una parte de la política fiscal del estado, específicamente sobre si se quiere o no que, cada 6 años se revise la manera en la que la federación distribuye los recursos recaudados a los estados, para definir si Jalisco se mantiene o abandona el Pacto Fiscal.
Dineros aparte, la consulta es un mecanismo de participación que permite a la ciudadanía involucrarse e incidir directamente en los asuntos gubernamentales, pero que además, viene acompañado de momentos cotidianos de discusión, debate y reflexión, con la familia, los amigos y los colegas, que en conjunto, tienen por resultado la construcción de una ciudadanía más política, participativa y cívica. En ese tenor, impulsar este tipo de ejercicios trae grandes beneficios para la sociedad en su conjunto, pero con ellos aparejados, retos importantes para lograr transmitir la trascendencia de lo consultado, generar interés, y arrancar la conversación para que los mensajes permeen.
La realización de la consulta, aunque resultado de la negativa del Presidente de sentarse a dialogar con los gobernadores de la Alianza Federalista sobre el proyecto de presupuesto 2021, dizque porque lastimaba la figura presidencial, tiene una motivación evidente: los gobiernos, y el de Jalisco no es una excepción, se enfrentan al constante reto de atender las necesidades de su población con recursos limitados. Ante eso, gestionar más recursos para los proyectos y políticas públicas de la administración, y más cuando se cree que es lo justo, es inevitablemente parte de la responsabilidad de un gobernante.
Para entender, la base del Pacto Fiscal es la cesión de los estados de sus derechos recaudatorios hacia la Federación, a cambio de que esta redistribuya los ingresos y sea solidariamente responsable de velar por los intereses de los mexicanos. Este pacto, pensado en fortalecer los principios solidarios del federalismo, guardó garantías para ambas partes: los estados, por un lado, tendrían mínimos de ingresos garantizados a través de aportaciones y participaciones; mientras que, la federación podría disponer de más recursos para dirigir un proyecto de nación y asegurarse de que ningún estado se quede atrás.
La discordia viene con el tiempo, cuando los recursos recaudados por la Federación fueron en aumento, mientras que las participaciones, que son la transferencia de recursos de libre disposición que reciben los estados, se mantuvieron casi iguales, representando un porcentaje minoritario dentro de la distribución total de los recursos federales. Naturalmente, al ser estos recursos los que permiten a los estados decidir el destino del gasto público, y a partir de ellas, fondear sus proyectos prioritarios; limitar estas transferencias permite al gobierno federal definir una buena parte del gasto de los estados. Esta situación, abre la puerta a la posibilidad de que, al conformar el presupuesto, el gobierno federal incluya criterios discrecionales para, por ejemplo, favorecer o no a gobiernos estatales afines o donde se tengan objetivos electorales particulares. Como es lógico, la estabilidad en los recursos garantiza la gobernabilidad.
Tomando en cuenta lo anterior, el primer objetivo debería ser aumentar el porcentaje de participaciones que la federación distribuye entre los estados, pero en el status quo, los recursos además de limitados, son desiguales. En el caso de Jalisco, las cifras son contundentes, pues siendo la cuarta economía nacional y aportando 8 de cada 100 pesos del PIB, recibimos solo 2 pesos en dinero de libre disposición; mientras que, en recursos etiquetados, por ejemplo en salud, educación y seguridad, los ingresos per cápita están muy por debajo de los de otros estados. Con todo lo anterior, la pregunta no es si debemos cuestionar o no si el modelo actual es uno federalista, de plena soberanía, o debemos replantearlo, sino por qué no lo habíamos hecho antes.
* Especialista en Comunicación Política
