Monserrat Pérez
En los últimos años, en el rápido cambiar de nuestros contextos, han surgido grupos que niegan sistemáticamente la realidad en distintos ámbitos. Ejemplos varios, están los negacionistas del cambio climático, los negacionistas del COVID-19; y en el mismo tenor, enlos últimos días en Jalisco ha surgido un nuevo grupo: los negacionistas económicos.
Ante la aprobación de una muy necesaria Ley de Movilidad y Seguridad Vial, hay quienes se han posicionado de manera frívola en contra de la fórmula en ella establecida para calcular los aumentos a la tarifa, y específicamente al subsidio anunciado por el gobernadorpara que esos aumentos no tengan efectos en el precio que paga el usuario hasta el final de este sexenio.
El hecho innegable que originó la decisión de entregar un subsidio al transporte público fue que ante el advenimiento de la pandemia, la recesión económica y las diversas medidas para combatirla se ocasionó de manera global un aumento generalizado en los precios, al que llamamos inflación.
Al ser un aumento generalizado, la inflación también impactó a todos los bienes y servicios que forman parte de la cadena de suministros para el transporte público. Es decir, refacciones, diesel, sueldos, todos son susceptibles al aumento en el precio, generando también un aumento en los costos de operación del transporte público que se podrían cubrir a través de dos vías: un aumento en la tarifa que paguen los ciudadanos usuarios o unsubsidio que entregue el gobierno estatal.
En la ecuación nunca estuvo la posibilidad de negar el aumento inflacionario o no cubrirlo como pretenden asegurar quienes critican la medida, pues esa no es una decisión que le corresponda a un gobierno, sino que forma parte de los efectos de la mano invisible siempre presente en el libre mercado.
Los gobiernos, por la naturaleza finita de los recursos a su disposición, enfrentan constantemente dicotomías presupuestales, en las que deben discernir qué objetivos perseguir con el dinero disponible, haciendo valoraciones de distintas dimensiones(costo-beneficio, utilitarias, entre otras). En ese sentido, es de valor cuando un gobierno prefiere priorizar acciones que abonen a combatir la desigualdad con los recursos presupuestales sobre otras posibles. ¿No es la redistribución y el combate a las desigualdades el fin último de la recaudación de impuestos? Y, ¿no es el transporte público un servicio de interés social para quienes menos tienen?.
Entonces, pregunto, si no es para ese tipo de medidas, ¿para qué son los impuestos?.
* Especialista en Comunicación Política
