A menos de una semana de que se llegue el día de celebrar la primera consulta popular a nivel federal de nuestro país, en la que se preguntará a la ciudadanía si está de acuerdo o no con que se lleven a cabo las medidas pertinentes para esclarecer las decisiones políticas tomadas en el pasado, o en español, si están de acuerdo o no en que haya medidas legales en contra de los ex presidentes del país, se intensifican las movilizaciones de los distintos grupos que, por un lado, pretenden incentivar la participación para la consulta; y por el otro, los que se oponen, más que al fondo de la pregunta, al ejercicio en sí mismo.
La consulta del próximo domingo, que costará al erario 528 millones de pesos para la instalación y operación de 57,000 casillas, ha dividido al país entre los que consideran que se trata de un ejercicio histórico de participación ciudadana y de combate a la corrupción y a la impunidad, y los que creen que este ejercicio no es más que un capricho presidencial para seguir la narrativa oficial de la cuarta transformación y su lucha en contra de la mafia del poder.
La apuesta del Presidente Andrés Manuel López Obrador fue clara, al no haberse logrado meter en la boleta en el proceso electoral de este año a través de la consulta de revocación de mandato, que era su mejor oportunidad para influir en el resultado de las elecciones a favor de su proyecto, intentó que la consulta popular para enjuiciar a ex presidentes sí entrara este año. Sin embargo, la consulta, desde que fue planteada en una mañanera, ha significado retos importantes para el Presidente, que intentó por todos los medios y a marchas forzadas, que se presentara la solicitud al Congreso antes del treinta de noviembre del año pasado, tal como marca la ley. En un inicio, pretendió, sin éxito, que la solicitud de realizar la consulta fuera presentada por ciudadanos con las firmas de al menos el 2% de los inscritos en la lista nominal. Al no lograr la movilización suficiente, impulsó los primeros esfuerzos para que fuera el 33% de los integrantes de alguna de las Cámaras quienes la presentaran, movimiento en el que tampoco logró consenso. Sin más alternativas, fue el mismo Presidente quien en uso de las atribuciones para él previstas en el Artículo 12, fracción I de la Ley Federal de Consulta Popular, presentó la solicitud al Congreso para no perder la oportunidad que le representaba que la consulta se celebrara este año.
Ahora, la consulta está por enfrentarse al mayor de los obstáculos previstos, pues tiene que lograr un 40% de participación de los ciudadanos inscritos en la lista nominal, para resultar vinculante. Y aunque no hay claridad sobre los efectos reales de que gane el “sí”, lo que sí es evidente es que, de no lograr el mínimo de participación, la derrota es directamente para quien ocupa la silla del águila.
En ese sentido, toda la estructura de Morena se ha activado a favor de incentivar la participación en la consulta para lograr el añorado 40% de participación, que representa un poco más de 32 millones de mexicanos y que no es un número fácil, tomando en cuenta que en el último proceso electoral se logró apenas un 52.6% de participación, que fue considerado como una cifra histórica de participación en elecciones intermedias, pero también, que en las consultas ciudadanas realizadas por el Presidente al inicio de su sexenio para decidir sobre el futuro del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México y sobre los programas prioritarios de su sexenio, se tuvo una participación de apenas un millón 67 mil y 925 mil votantes, respectivamente.
En esa consideración, dentro de 8 días, conoceremos por fin el resultado de esta batalla autoimpuesta por López Obrador, en el que ya están también combatiendo del lado contrario organizaciones civiles que buscan detener la consulta o incentivar la no participación, para impedir que se sigan gastando recursos y utilizando este tipo de mecanismos ciudadanos con un afán de golpeteo político.
Mientras tanto, se mantienen abiertos los debates en torno a la legitimidad de sujetar la procuración de justicia a la opinión pública al muy conocido estilo de Poncio Pilatos, pues si las instancias investigadoras cuentan ya con elementos que presuman una actuación delictiva por parte de ex presidentes u otros ex funcionarios públicos, no requieren de una validación ciudadana para accionar. En cambio, resulta grave pensar que, si no tienen indicios al respecto, tomen de base una consulta popular para iniciar procedimientos legales en su contra.
* Especialista en Comunicación Política
