El juego de la democracia es simple: los ciudadanos, a través del voto, designan a sus representantes, quienes por un periodo establecido de tiempo, intentarán impulsar las agendas prometidas en la campaña electoral. Claro está, en ese lapso, los representantes de las mayorías tendrán que consensuar sus acciones con otros representantes a través de un sistema legal e institucional diseñado para garantizar gobiernos que equilibren su actuar considerando proporcionalmente los intereses de los distintos sectores.
En ese entendido tan intuitivo, nada tiene de sorprendente que un presidente que ganó democráticamente las elecciones en 2018, impulse sus agendas, aún cuando estas sean contrarias a las banderas de campaña con las que la gente le dio su voto, por ejemplo, la de militarizar la salvaguarda de la seguridad pública.
Dejando de lado por un momento el debate alrededor del último proyecto de decreto que el Presidente envió a la Cámara de Diputados para, entre otras cosas, modificar la Ley de la Guardia Nacional y formalizar su transferencia de mando administrativo y operativo a la SEDENA, lo que sí sorprende y enciende las alarmas de quienes todavía valoramos las instituciones de nuestro país, es que el Presidente atente contra los principios democráticos y se valga de una estratagema legal para saltarse el proceso de consenso con otras fuerzas políticas, impulsando una reforma de ley a todas luces inconstitucional.
Y es que la Guardia Nacional, creada en 2019 al inicio del mandato de López Obrador, fue fruto de una reforma constitucional que requirió de fuertes consensos y compromisos con los bloques opositores. En ese momento, y en respuesta a los intereses de sus representados y a una de las grandes preocupaciones de la ciudadanía en torno a la nueva corporación, la principal condición de los grupos parlamentarios de la oposición para apoyar la reforma fue que su naturaleza y mando se mantuvieran civiles, acuerdo que el Presidente rompió el 31 de agosto pasado con el proyecto de reforma enviado al congreso.
Sin embargo, la naturaleza y mando civil de la Guardia Nacional yace en el artículo 21 constitucional, por lo que una reforma a la ley secundaria no es suficiente para transferir su mando a la SEDENA. En ese sentido, resulta inverosímil pensar que ni el Presidente, ni el Consejero Jurídico, ni ninguno de sus asesores puedan advertir que eventualmente los tribunales le darán “reversazo” a la reforma propuesta por su evidente inconstitucionalidad. Entonces, ¿por qué enviarla al Congreso con la suerte ya echada?
El contexto ahora es distinto al de 2019. Tras las elecciones de 2021, Morena y aliados tienen la mayoría simple en la Cámara de Diputados, suficiente para pasar reformas de ley, pero no para lograr la aprobación de las grandes reformas constitucionales que el Presidente todavía tiene pendientes. Ahora, con las elecciones del Estado de México a la vuelta de la esquina y a dos años de las próximas elecciones presidenciales, el bloque de oposición cerró filas y se muestra reacio a volver a apoyar alguna de las reformas constitucionales de López Obrador.
Es así, que la solución que encontró el Presidente fue enviar una reforma de ley para la cual sí cuenta con los votos suficientes, con el objetivo de darle la vuelta a la reforma constitucional, sabiendo que en lo que se resuelve su constitucionalidad en tribunales, tiene un periodo de oportunidad para influir en esa discusión o bien, para ejecutar en tanto que no existan suspensiones.
Con ejemplos como este, la reforma eléctrica, la reforma al Poder Judicial, la declaración del Tren Maya como una obra de seguridad nacional, entre muchos otros, nos queda claro que esta forma de gobernar, a decretazos y dándole la vuelta a la Constitución, es ya un mecanismo consolidado por el actual gobierno.
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