Apenas este sábado, el excandidato presidencial, contrincante de AMLO en la contienda y opositor en su gobierno, publicó un video muy a su modo, en redes sociales, en el que declaraba que López Obrador “lo quería fregar a la mala” y tenía la intención de encarcelarlo para quitarlo de en medio y bloquear la posibilidad de que contendiera nuevamente en 2024 por la Presidencia de la República.
Lo que Anaya calificó como persecución política en su contra, tiene como origen las declaraciones del ex director de PEMEX, Emilio Lozoya, que desde el año pasado enfrenta varios procesos en su contra por el caso Odebrecht y el de Agro Nitrogenados, y está cooperando con la Fiscalía General de la República. De acuerdo a los dichos de Lozoya, que ahora constan en una denuncia en contra de Anaya; él, siguiendo las instrucciones de Luis Videgaray, le entregó en agosto del 2014 la cantidad de 6 millones 800 mil pesos como soborno para votar a favor de la reforma energética impulsada por el entonces Presidente Enrique Peña Nieto.
Si bien, las acusaciones en contra de Anaya pueden ser ciertas, tampoco resultaría inverosímil que fueran producto de algún tipo de negociación entre Lozoya y el gobierno actual para implicar a quien ha resultado por demás incómodo para el Presidente desde que anunció su regreso a la vida pública el año pasado. No está demás mencionar, que algo debe haber de motivación política detrás de este proceso, pues Lozoya presentó una lista de casi setenta implicados en el escándalo Odebrecht, y han sido pocos contra los que se ha iniciado ya un proceso.
Al respecto, Ricardo Anaya en su video del fin de semana, aseguró que, aunque le resultaba doloroso, optaría por exiliarse temporalmente a fin de salvaguardar su libertad y sus derechos políticos de cara a sus aspiraciones de 2024, pues de quedarse, no creía tener un juicio justo e imparcial. En ese sentido, y en el intento de encuadrar su salida del país, más como una decisión de una oposición digna, que como una huida de la justicia, mencionó como referencia casos históricos como el de Benito Juárez, Francisco I. Madero, los hermanos Magón, y otros contemporáneos como el de Leopoldo López de Venezuela.
Aunque resulta evidente que este no es sino un capítulo más del enfrentamiento político entre Anaya y López Obrador, de cara a 2024, alguno de los dos está cometiendo un grave error de cálculo, y probablemente solo el tiempo nos aclare quién. Por un lado, de tratarse de una verdadera persecución política con ánimos de bloquear las aspiraciones presidenciales de Anaya, López Obrador podría estar generando el efecto contrario y con esto, darle aire, ponerle foco, y permitirle legitimarse y afianzarse como la alternativa de oposición para su gobierno. Por el contrario, de continuar el proceso judicial en su contra y encontrarse pruebas de los dichos de Lozoya, la salida del país de Anaya podría representarle una auto declaratoria de culpabilidad, que definitivamente arrancaría de raíz sus aspiraciones y le daría al Presidente un elemento más que soporte su narrativa de ser el presidente que encabeza la lucha contra la corrupción.
Al final, todo dependerá del rumbo que tome el proceso judicial en contra de Anaya, las pruebas que ambas partes logren presentar, y por supuesto, quién logre manejar mejor la opinión pública. Mientras tanto, Anaya tiene una importante decisión que tomar, no solo política sino legal, pues tendrá que definir si presentarse o no a la audiencia a la que se la ha citado este próximo jueves. Hasta entonces, tendremos que mantenernos atentos al desarrollo de este capítulo de la política mexicana, que sin duda está preparando terreno para la próxima elección presidencial.
* Especialista en Comunicación Política
