Se cumple un año que las dependencias Federales, en su mayoría siguen cerradas o limitadas en el servicio que ofrecen a la ciudadanía; bajo el tema de la pandemia, algunas delegaciones han tenido realmente muy poco personal para sacar los tramites que ahora suman miles en el rezago, generando no sólo tema económico sino en tiempo irrecuperable, pero eso si, los funcionarios desde casa siguen percibiendo el cien por ciento del salario y prestaciones, sin que, seguramente los súper delegados hagan el corte de caja correspondiente.
El caso lo expongo en el tema del Registro Agrario Nacional, un órgano desconcentrado de la secretaria de desarrollo agrario, territorial y Urbano (SEDATU) de quien varios abogados han tenido que postergar el seguimiento de juicios, causando retrasos considerables en su agenda, además de suspicacias respecto a dictámenes que sugieren que en esa dependencia trabajan con cierta línea, comenzando a que oficinas similar en todo el país ya trabajan con normalidad a excepción de Jalisco.
Su titular, en Jalisco, Juan Martín Morales no contesta el teléfono que tiene registrado en la página de internet, 333 825 65 22 ext. 2222 como tampoco en la dependencia para preguntar sobre algún trámite en proceso, sin embargo se sabe que a la oficina ubicada en el centro entran algunas personas que advierten que tuvieron su cita directamente con algunos funcionarios de esa oficina.
Hace 13 meses que este lugar cerró por indicaciones de la propia presidencia de la República y no ha generado en Jalisco una estrategia de regreso a la normalidad parcial con comunicación adecuada para gestionar nuevas citas o trámites digitales, simplemente se guarda silencio, por cierto muy caro, pues el encargado de esa oficina se sabe, percibe un salario de al menos 40 mil pesos mensuales.
En otras ocasiones he cuestionado en esta misma columna que las súper delegaciones creadas por el gobierno federal no han servido al menos para demostrar eficacia, han sido concentradoras de programas sociales pero no de la atención al público que no necesariamente están en un padrón; el simple hecho de que tanto tiempo una oficina esté cerrada sin comunicación da de que hablar en la tan sonada transparencia que pregona el presidente, la revisión de lo que costará ahora el ponerse al corriente en sólo esta oficina y las que faltan y que no han atendido, empezando por algunas del ISSSSTE que tampoco han dado servicio a derechohabientes desde hace meses.
Como parte de un sistema, que se formó bajo el pretexto de tener sólo un interlocutor de los estados a la federación, los súper delegados y quienes eligieron como directores de dependencias se saben los caminos para que en la omisión sigan cobrando y más aún en una pandemia que a ellos también les vino como anillo al dedo.
Si ya de por si estamos inmersos en una burocracia, habría que hacer un corte de caja en las dependencias y saber entonces si la austeridad tan mencionada realmente aplica a servidores que están ahí más por una oportunidad que por la vocación de servicio como marca la ética de quien convoca a este servicio desde las mañaneras.
Al no existir también un buzón de quejas, un contacto donde la gente pueda hacer una queja por el servicio o falta del mismo, no queda de otra, los medios de comunicación han servido para que se enteren que de lo que hace falta para que l gobierno trabaje y justifique lo que cuesta.
* Periodista
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