/ jueves 30 de junio de 2022

La seguridad debe ser una prioridad presupuestal en México

Hay un dicho en política el cual afirma que “Se hace campaña en verso y se gobierna en prosa, algo así como “Por la boca muere el pez”.

Es una realidad que el gobierno mexicano encabezado por el Presidente López Obrador cada día que pasa se convierte más en rehén político de sus palabras, discursos y promesas -ahora sabemos- ineficaces para garantizar un mejor país; sin embargo, el tema de la seguridad pública es un tema que implica una mayor indignación por la irresponsabilidad discursiva y gubernamental en que ha incurrido la presidencia mexicana.

En su Plan Nacional de Desarrollo, el Presidente López Obrador hizo una promesa, a razón de epílogo, al pueblo mexicano: que México dejaría de ser “… la dolorosa y vergonzosa referencia internacional como tierra de violencia…” comprometiéndose para el último año de su sexenio a reducir los índices delictivos -entre ellos los homicidios- en un 50 por ciento en comparación con los índices de 2018, anticipando que “para entonces, la delincuencia organizada estará reducida y en retirada”. Las promesas y discursos del presidente, brillaron por su falta de sensatez y exceso de irresponsabilidad.

La inseguridad en México ha rebasado la capacidad del gobierno para garantizar la paz en nuestro país. Con más de 120 mil homicidios en lo que va del sexenio, casos como el asesinato de dos curas jesuitas a manos del crimen o el fallecimiento de cuatro policías en un enfrentamiento en el municipio de El Salto, contra la delincuencia, tristemente son sucesos cotidianos en nuestro país.

A pesar de sus promesas, los hechos del Presidente son claros: no existe un compromiso real con la seguridad de las y los mexicanos, y para muestra de ello basta analizar sus actitudes presupuestales en seguridad: el año pasado -mientras asignaba 65 mil millones al tren maya- López Obrador tan sólo destinó poco menos de 7 mil 500 millones al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de Estados y a la vez, desaparecía el programa de Fortalecimiento para la Seguridad de los Municipios con los 4 mil millones que se designaban para tal fin. ¿Cómo se puede garantizar la seguridad de los Estados y Municipios si desde la federación el Presidente no otorga los recursos suficientes para detener a la delincuencia?

Esta es tan solo una de las muchas objeciones al plan, si es que lo hay, de seguridad del Presidente López Obrador.

Como Diputado por Jalisco, y como miembro de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, estoy convencido -como muchas personas- que el Gobierno se está equivocando en la forma de combatir a la delincuencia, comenzando por el presupuesto asignado a los Estados y Municipios en materia de seguridad. Por esta razón, junto con mis compañeras y compañeros diputados que desean un México más seguro, trabajaremos para que el Gobierno de México se comprometa a otorgar más recursos para el combate al crimen en nuestro país.

Hay un dicho en política el cual afirma que “Se hace campaña en verso y se gobierna en prosa, algo así como “Por la boca muere el pez”.

Es una realidad que el gobierno mexicano encabezado por el Presidente López Obrador cada día que pasa se convierte más en rehén político de sus palabras, discursos y promesas -ahora sabemos- ineficaces para garantizar un mejor país; sin embargo, el tema de la seguridad pública es un tema que implica una mayor indignación por la irresponsabilidad discursiva y gubernamental en que ha incurrido la presidencia mexicana.

En su Plan Nacional de Desarrollo, el Presidente López Obrador hizo una promesa, a razón de epílogo, al pueblo mexicano: que México dejaría de ser “… la dolorosa y vergonzosa referencia internacional como tierra de violencia…” comprometiéndose para el último año de su sexenio a reducir los índices delictivos -entre ellos los homicidios- en un 50 por ciento en comparación con los índices de 2018, anticipando que “para entonces, la delincuencia organizada estará reducida y en retirada”. Las promesas y discursos del presidente, brillaron por su falta de sensatez y exceso de irresponsabilidad.

La inseguridad en México ha rebasado la capacidad del gobierno para garantizar la paz en nuestro país. Con más de 120 mil homicidios en lo que va del sexenio, casos como el asesinato de dos curas jesuitas a manos del crimen o el fallecimiento de cuatro policías en un enfrentamiento en el municipio de El Salto, contra la delincuencia, tristemente son sucesos cotidianos en nuestro país.

A pesar de sus promesas, los hechos del Presidente son claros: no existe un compromiso real con la seguridad de las y los mexicanos, y para muestra de ello basta analizar sus actitudes presupuestales en seguridad: el año pasado -mientras asignaba 65 mil millones al tren maya- López Obrador tan sólo destinó poco menos de 7 mil 500 millones al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de Estados y a la vez, desaparecía el programa de Fortalecimiento para la Seguridad de los Municipios con los 4 mil millones que se designaban para tal fin. ¿Cómo se puede garantizar la seguridad de los Estados y Municipios si desde la federación el Presidente no otorga los recursos suficientes para detener a la delincuencia?

Esta es tan solo una de las muchas objeciones al plan, si es que lo hay, de seguridad del Presidente López Obrador.

Como Diputado por Jalisco, y como miembro de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, estoy convencido -como muchas personas- que el Gobierno se está equivocando en la forma de combatir a la delincuencia, comenzando por el presupuesto asignado a los Estados y Municipios en materia de seguridad. Por esta razón, junto con mis compañeras y compañeros diputados que desean un México más seguro, trabajaremos para que el Gobierno de México se comprometa a otorgar más recursos para el combate al crimen en nuestro país.