La Presidencia cree que es un poder que está sobre los demás poderes. Las decisiones, declaraciones, expresiones y comportamientos del Presidente López Obrador son claras manifestaciones de imposición por parte del Poder Ejecutivo frente a los Poderes Legislativo y Judicial, una circunstancia que en un futuro cercano, pueden terminar por afectar permanentemente la cohesión democrática de nuestra Nación.
El primero de diciembre de 2018, en el mensaje dirigido a la Nación desde el Zócalo capitalino, el Presidente López Obrador sostuvo que mantendría relaciones respetuosas con el Poder Legislativo y con el Poder Judicial, ya que el Poder Ejecutivo -a su cargo- dejaría de ser el poder de los poderes.
De igual forma, en su primer informe de gobierno en septiembre de 2019, el Presidente afirmó categóricamente que, el Poder Ejecutivo, ya no interviene como era costumbre, en las determinaciones del Poder Legislativo ni del Judicial; que respeta las atribuciones y jurisdicciones de las instancias estatales y municipales; y no se entromete en las decisiones de órganos autónomos como las autoridades electorales y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y se abstiene de interferir en la vida interna de sindicatos y partidos políticos.
Sin embargo, no hay en México una situación tan distante de la realidad como las palabras del presidente sobre la relación respetuosa de su poder, hacia otros poderes, ya que si hay algo que ha quedado claro desde el primer día de gobierno del Presidente López Obrador es su predilección de imponer la voluntad presidencial, frente al camino que representa la construcción de consensos partiendo del diálogo y el debate sustentado en razones lógicas. La primera vía -la imposición- resulta, en términos prácticos, muy eficiente en el ejercicio de la administración pública, pero muy peligrosa en términos democráticos, ya que entiende como obstáculos a los canales institucionales y democráticos en el actuar público.
Desde el PAN en la Cámara de Diputadas y Diputados rechazamos toda intervención e imposición originada desde la Presidencia, sosteniendo nuestro compromiso de defender en todo momento el respeto a la independencia del Poder Legislativo, y reconociendo la objetividad y valentía del Poder Judicial de la Federación, a través de la Suprema Corte, en la defensa por la división de poderes en nuestro país, ya que en México no puede -ni debe- existir un poder sobre los demás poderes.
