Uno de los parámetros para medir el desarrollo de un país, radica en su adhesión al Estado de Derecho. Como todos sabemos, Estado de Derecho, mismo que implica respeto por el marco legal, equidad,rendición de cuentas, igualdad de derechos y justicia para todos, no es un tema que importe al actual Gobierno Federal y por eso, México ha venido retrocediendo por tres años consecutivos en el Índice Global de Estado de Derecho de World Justice Project (WJP).
Ese menosprecio por el marco legal ha sido la causa de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya aprobado invalidar, con nueve votos a favor y dos en contra, el segundo decreto del "plan B" electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador por violaciones al proceso legislativo en el país.
La Corte determinó que el Congreso de la Unión incurrió en distintas violaciones graves al proceso legislativo que, en su conjunto, tuvieron potencial invalidante del decreto en su conjunto impugnado por la oposición y las minorías parlamentarias en las cámaras de Senadores y de Diputados.
Eso significa será la legislación vigente hasta el pasado 2 de marzo, el día previo a la entrada en vigor de los cambios ayer invalidados, es la que aplicará en los comicios federales del próximo año para renovar la presidencia de la República, las dos cámaras del Congreso de la Unión, ocho gubernaturas y la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
Por ello, a todos debe preocuparnos que el propio Presidente de la República promueva la violación de la normatividad electoral con la campaña para decidir quién es el “coordinador de los comités de defensa de la cuarta transformación”.
Resulta lamentable y preocupante que el primer mandatario de la nación fomente y promueva esta contienda interna para elegir al candidato presidencial de Morena violando los tiempos electorales establecidos en la ley.
Cabe preguntarnos dónde quedó aquel candidato que exigía piso parejo y normas electorales que aseguraran la equidad en los procesos electorales.
En ello radica la importancia de las normas electorales: estas deben cumplirse para evitar caer en una simulación; en su verdadera vigencia descansa la configuración de un verdadero sistema democrático.
La historia reciente nos deja múltiples ejemplos de cómo las normas y los sistemas electorales fueron manipulados para el ascenso de dictaduras o la constitución de regímenes de partido único. El partido nazi en Alemania es el ejemplo mas paradigmático de ello.
Por ello, hacemos votos para el pleno cumplimiento de las normas electorales que tanto trabajo nos ha costado lograr a los mexicanos. Ojalá que el INE y el Tribunal Electoral, instituciones emanadas de esa normatividad, procuren su plena vigencia, en orden a lograr que México fortalezca su democracia y se constituya en un sistema donde se escucha y respeta la voluntad popular.
