En la Cámara de Diputados continúa el análisis de la reforma eléctrica, presentada y promovida por el titular del Poder Ejecutivo Federal. AN continúa insistiendo en que esta reforma es perniciosa, por donde se le vea, para nuestro país, ya que implica más control del Estado; prácticamente propone la centralización y monopolio de la Industria Eléctrica, dado que el 54% del mercado será absorbido por la CFE y el 46% restante se dejará a los particulares.
Implica cancelar los permisos de generación eléctrica otorgados y los contratos de compraventa de electricidad con la iniciativa privada, así como las solicitudes pendientes de resolución.
Pretende desaparecer, acorde a la visión absolutista de esta administración federal, a los órganos reguladores coordinados en materia energética, denominados Comisión Nacional de Hidrocarburos y Comisión Reguladora de Energía.
Esta reforma monopolizadora implica la violación del TMEC y por ende pérdida de confianza en inversiones y también la salida de capitales.
Lo anterior no es una suposición. Recientemente tuvimos la visita a México del enviado de la Casa Blanca para el Clima, John Kerry, durante la cual, la delegación estadounidense insistió en la posible violación de las obligaciones fundamentales del T-MEC como consecuencia de esta reforma.
La preocupación de Estados Unidos con esta reforma eléctrica presenta cifras preocupantes: más 10.000 millones de dólares para sus empresas. En momentos en que la economía mexicana se encuentra débil por las desacertadas decisiones de la administración federal y las consecuencias de la pandemia, imaginemos lo que provocaría un conflicto en tribunales con nuestro principal socio comercial, así como la fuga de capitales extranjeros.
Es importante que los mexicanos sepan que esta pretendida reforma afecta directamente sus bolsillos:
1. Mayores costos para los usuarios finales. CFE comprará, a el mismo, energía más cara;
2. No contribuirá al control de la inflación;
3. Presionará las finanzas públicas; y
4. Impactará la calificación de la deuda, por parte de las Calificadoras, pues evidentemente se prevé un mayor endeudamiento por operación.
Se debe destacar que esta reforma, de aprobarse, traería como consecuencia un desabasto, ya que no se sabe cómo se reemplazará el 30% de energía que actualmente abastece la Iniciativa Privada.
El impacto en el medio ambiente es también contundente. Firmas internacionales como S&P Global Ratings son claras al destacar que en los años venideros, la transición a energías renovables aumentará sólo marginalmente debido a que las políticas de la actual administración favorecen los combustibles fósiles. Esto condena a nuestro país al atraso, al no aprovechar avances de la ciencia y la tecnología en este fundamental ámbito.
Así, tenemos una reforma eléctrica que se traducirá en energía más cara y más contaminante.
La posición de Acción Nacional es también clara: votar en contra de esta reforma eléctrica.
Para el Grupo Parlamentario del PAN esta reforma equivale a un gasolinazo, que la maltrecha economía de nuestro país no puede soportar.
Por ello, en conjunto con otros partidos políticos, promovemos una reforma alternativa, para contar con un sector eléctrico que genere energías limpias, eficientes y baratas para las familias mexicanas.
Recalcamos, la reforma promovida por el Presidente de la República aumenta el control estatal afectando la competitividad del sector, y por ende ocasionando que cueste más la producción de electricidad, trasladándose este aumento de precio a las familias. Acción Nacional seguirá manifestando su rechazo y voto en contra a dicha propuesta.
* Diputado federal PAN
