Una de las razones de ser de cualquier Estado, radica en asegurar el acceso a la justicia para cualquier persona, más allá de sexo, edad, pensamiento, condición social o económica. Acorde a ello, el artículo 17 constitucional señala que “toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial”.
Así, este derecho al acceso a la justicia es también considerado como un derecho fundamental ya que implica el acceso a los tribunales y medio para garantizar la igualdad ante la ley.
Para ningún mexicano es una sorpresa la difícil situación que, en materia de seguridad y justicia, se vive en nuestro país . Hoy resulta lamentable que, a pesar de los “abrazos no balazos” y las promesas de “justicia social”, observemos datos como los arrojados por el Índice Global de Impunidad 2020 (IGI 2020) en los que se confirma con evidencia objetiva el alto nivel de impunidad en nuestra Nación. Hoy, nuestro país aparece en el lugar 60 de entre 69 países estudiados, es decir, estamos en los últimos lugares de impunidad, un indicador lamentable.
¿Cuál es la importancia de este índice, creado en 2015? La necesidad de revisar la estructura y el funcionamiento de los sistemas de justicia y seguridad de los países, poniendo énfasis en el grado en que se respetan los derechos humanos. Este estudio, nos muestra el grado de impunidad que se vive en nuestro país, y el fracaso de las autoridades para garantizar la seguridad y el acceso a la justicia para los mexicanos.
El grado de impunidad que se vive en México además de ser un indicador social para medir la falta de acceso a la justicia, también es un indicador que nos permite advertir el grado de corrupción en nuestro país, ya que -tal y como se advierte en la Política Nacional Anticorrupción, la impunidad es uno de los principales rasgos de asociación colectiva, con el concepto de corrupción, una de las principales luchas que abandera el Gobierno Mexicano con resultados evidentemente mediocres.
Es por ello que, todos los servidores públicos: federales, estatales o municipales, tenemos la obligación de trabajar para que la erradicación de la impunidad y el verdadero acceso a la justicia sea una realidad. Para el Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, será una prioridad legislar para que los mexicanos puedan hacer oír su voz que exige justicia.
* Diputado federal PAN
