Fin al arraigo

SEGUNDA PARTE

Decía la semana pasada que la figura jurídica del arraigo, aprobada entonces su derogación por la Cámara Baja, habría de desaparecer afortunadamente de nuestro universo jurídico penal, poniéndose fin a muchos abusos por parte de policías y fiscales en contra de los ciudadanos.

Surgieron de inmediato voces manifestando su preocupación debido a que así, dijeron, se correría el riesgo de que verdaderos delincuentes se sustrajeran a la acción de la justicia y por tanto quedaran impunes sus fechorías y éstas se incrementarían.

Ante ello cabe decir que si bien esto es factible, lo que debe hacerse es ahondar en la profesionalización de nuestros cuerpos policiacos e investigadores, así como cuidar con esmero la selección del personal encargado de la procuración de la justicia, en todos los niveles y ámbitos, a fin de que desde el momento en el que se tenga conocimiento de la comisión de un ilícito, el procedimiento para la integración de la hoy llamada carpeta de investigación, antes averiguación previa, se realice con el mayor escrúpulo jurídico y material, haciendo valer los principios que deben orientar tales procedimientos, en primerísimo lugar el de presunción de inocencia. Esto será lo que algún día hará que los presuntos responsables de una acción antisocial y antijurídica no sólo no se sustraigan a la acción de la justicia, sino que las argumentaciones y probable responsabilidad del acusado o sospechoso se encuentren sólidamente presentadas ante el juez de la causa, es decir consignar los hechos ante la autoridad judicial competente de tal manera que se decrete la formal prisión porque sin lugar a dudas se acredita como probable esa conducta ilícita por parte de persona determinada. No más, no menos.

Pero hete aquí que nuestros senadores de la República, atareados como estaban al cierre del Período Ordinario de Sesiones, revisando, analizando, discutiendo todo su rezago a última hora, no tuvieron ya tiempo de estudiar este tema, entre otros muy importantes, el cual quedará para no sabemos cuándo. Hemos ya hablado de la irresponsabilidad y ligereza con las que algunos legisladores se conducen y esta es una prueba más. Ojalá que la próxima legislatura actúe con patriotismo y sentido común.

Mientras tanto, no estorbaría que las universidades y colegios de profesionistas, así como instancias de procuración de justicia, órganos jurisdiccionales especializados y el propio Legislativo federal y los estatales realicen mesas redondas, convoquen a foros donde se aborde este y otros temas de orden penal, con la mayor seriedad y objetividad, pues visto está que dicho rubro y el de la seguridad pública significan el talón de Aquiles de la administración pública en todos sus niveles.

El fuego no se combate con fuego, ni los delitos disminuirán cometiendo violaciones a los derechos humanos. Se requiere una transformación integral, desde la raíz, es decir desde la enseñanza y aprendizaje de las ciencias penales, empezando por lo fundamental: el fortalecimiento de los principios esenciales para el ser humano, desde el hogar, recuperando el valor de la ética y del civismo como herramientas de vida para todos. Parece sencillo, pero en estos tiempos en los que incluso los candidatos a la presidencia de la República faltan a la verdad en sus discursos y se exhiben penosamente al mostrarnos sus pobrezas morales e intelectuales; o servidores públicos de alto nivel, o comentaristas y analistas políticos lanzando lodo por doquier en sus programas y comentarios, podremos así dimensionar la magnitud del desafío que tenemos por delante como pueblo, como sociedad, como gobierno y como individuos. Morelia, Michoacán 4/V/18.