Pese a los loores que casi a diario algunos académicos y estudiosos del derecho hacen en favor de nuestro sistema jurídico y de justicia, éstos han adolecido desde siempre de insuficiencias estructurales lo mismo en materia constitucional y de derechos humanos que en el orden penal y en otras materias, tanto en el ámbito sustantivo como adjetivo, que por desgracia han favorecido corrupción, impunidad, incompetencia, ineptitud y rezagos impresionantes tanto en el estudio como en la práctica del derecho, lo cual hace imprescindible en mi opinión, por una parte, la revisión de la curricula académica en prácticamente todas las universidades del país, de la enseñanza de las ciencias jurídicas, y por otra, reformas esenciales de fondo y extensas de nuestras leyes, desde la Carta Magna hasta reglamentos secundarios que con no poca frecuencia han quedado rebasados por la realidad o nacieron muertos, o cuando menos deformes, o entran en colisión con otras disposiciones fundamentalmente por falta de conocimiento y de estudio por parte de nuestros legisladores, lo cual deriva en situaciones de enorme daño a los derechos humanos, pero también de la funcionalidad de las instituciones, trayendo consigo infinito dolor y una parsimonia o de plano parálisis en la atención de ciertos procedimientos y resoluciones tanto administrativas como judiciales y jurisdiccionales.
Y sin duda una de las materias más sensibles en el campo del derecho lo es el penal, cuyo estudio y práctica ha significado cuantiosas sumas e investigaciones, desde los tiempos más remotos. Ahí han desembarcado brillantes investigadores cuyo talento y esfuerzo nos han regalado fórmulas y propuestas de gran interés y utilidad, pero que en la práctica, al pasar por el Legislativo Federal o por el de cada entidad federativa, no siempre llegan a buen puerto en razón de que en esos espacios participan algunos hombres y mujeres que carecen de los conocimientos necesarios para comprender conceptos y alcances, pero igual porque todo es objeto de jaloneo político, lo cual entorpece y entrampa toda posibilidad, por urgente y fructífera que pueda resultar. Ejemplos hay muchos y muy lamentables y así, iniciativas quedan al garete una tras otra sin encontrar destino, mientras algunos “legisladores” saltan de una Cámara a otra o gastan su tiempo y el dinero público en campañas electorales carentes de contenido pero ricas en medias verdades y ofensas mutuas.
Sin embargo, al cuarto para las doce pero con mucha enjundia, casi para concluir el actual período ordinario de sesiones, la Cámara de Diputados decidió ponerse las pilas y entre otros contados aciertos logró aprobar la iniciativa que suprime la horrenda e injusta medida del llamado “arraigo”, el cual permite y hasta favorece toda clase de abusos por parte de la autoridad investigadora, léase fiscal y policía ministerial, pero también otras, como la policía municipal o la de seguridad pública estatal o federal, pues éstas, aun cuando no tienen aquellas facultades propias de las primeras, aprovechando la revoltura del río en un momento dado se han despachado con la cuchara grande, violando flagrantemente el principio de inocencia, tan cacareado pero tan violentado.
La tal figura del arraigo, como es sabido sobre todo por los ciudadanos que han sido víctimas del abuso de la autoridad, quiere evitar que el acusado, indiciado o sospechoso de la comisión de algún delito, pero que es protegido por el principio de inocencia, se sustraiga a la acción de la justicia durante el proceso investigatorio. (continuará). Morelia, Michoacán a 27 de abril de 2018.
