De nuevo los abogados postulantes, funcionarios y académicos, ¿qué proponemos a la nueva administración del gobierno del Estado así como a la Federal?, toda vez que por naturaleza llevamos intrínsecamente en nuestra profesión la responsabilidad de que el Estado de Derecho sea una realidad, ya que es el único medio para lograr que la sociedad evolucione en todos los sentidos y por sobre todo en paz, que, hoy por hoy, muchas familias ya somos víctimas de la delincuencia y el resto está en riesgo permanente en cualquier espacio en que se encuentre.
Como profesionales del derecho, en particular, los académicos con el comedimiento y el debido respeto, pero con la seriedad y la energía suficiente, habremos de pedir y exigir, en su caso, el cabal cumplimiento de la ley, que el no haberlo hecho durante tantos años nos ha llevado a esta situación caótica, lo que ha propiciado buscar otras expectativas en quienes ahora accedieron al poder y que ofrecen una actitud bien ponderada sin excesos ni ambiciones aviesas que distorsionen el encargo que en las urnas ha encomendado la sociedad cansada de la corrupción, la prepotencia, la ignorancia, la complicidad y, lo peor de todo, la impunidad tan grave y dolorosa en todos los sentidos.
Es por ello que debemos esperar que quienes ya ocupan los distintos cargos del gobierno sean hombres y mujeres con los perfiles idóneos para ello, no tan solo contar con el grado académico, sino con el coeficiente intelectual que le permita entender en todos sus términos que solamente son servidores públicos que van a devengar un salario que tiene su origen en el ciudadano contribuyente y, además, tanto el superior como el subalterno tengan la confianza y el valor suficiente para señalarse y reconocerse lo correcto y lo incorrecto como realizan su encargo y no cegarse en la superioridad y en la subalternancia en los cargos para consentirse unos a otros los excesos y los errores, que es otra de las cuestiones que dada la soberbia, no es otra cosa que la ignorancia de la que son poseedores, que como la administración inmediata anterior, entre otras, era ofender al pueblo, el señalar o, tan siquiera, sugerir actuaciones correctas en el manejo tanto de recursos humanos como de materiales y en el trato a todo aquel ciudadano necesitado de alguna atención o servicio del estado o del municipio, ya fuera administrativo, judicial o legal.
De ahí que surja mi pregunta ¿Y los abogados qué proponemos? ¿Qué hemos dicho? ¿Qué ofrecemos al Estado y a la sociedad para que la nueva administración en todos sus niveles y poderes cumpla sin regateos con el Estado de Derecho que tanto se pregona y tantos años ha estado tan ausente? ¡Vamos, compañeros abogados!, nunca es tarde y no faltemos más a nuestro deber social y a nuestra ética profesional, amparados en la imposibilidad y encubiertos en el silencio de la cobardía.
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