La semana pasada el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cumpliendo solamente con su deber, rechazó la ampliación de mandato que se le había concedido, nada más allá de lo que estaba obligado a hacer. Que lo extraordinario fue haber guardado silencio tanto tiempo, después de haberse publicado en el Diario Oficial de la Federación y en todos los medios, lo más estulto e irresponsable del Poder Legislativo Federal, desde el haber aprobado para después publicar, el artículo transitorio trece de la reforma del Poder Judicial Federal, el que disfrazado de iniciativa del propio legislativo, establecía que, el actual presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, permanecería como tal, hasta el año dos mil veinticuatro, incurriendo con esto en una vergonzosa e indigna conducta legislativa que no es otra cosa que el ridículo y servil sometimiento al Ejecutivo Federal del que deviene la intención de violentar lo dispuesto por el artículo 97 del máximo código nacional y que a la fecha, no ha sido objeto de modificación alguna en todo su texto .
El silencio guardado hasta la semana pasada por el presidente de la Suprema Corte y los ministros que la integran, exhibió al país en el contexto mundial, respecto a un Poder Judicial Federal y Legislativo, carentes del más elemental decoro, autonomía, soberanía, casta y honor, aspectos que desafortunadamente ya no caracterizan a los magistrados y jueces del Poder Judicial Federal, pues en su mayoría, sólo son servidores públicos sometidos por el Consejo de la Judicatura con la encomienda de resolver ciertos asuntos a capricho del presidente de la república, personaje que, no tan sólo se falta al respeto desde su propia investidura, sino que sin ningún recato, lo hace también con el Poder Judicial Federal.
De acuerdo a la Constitución, el Poder Judicial Federal es el ente que garantiza la armonía social y de los poderes, siempre y cuando se haga respetar y se garantice el cumplimiento de la Constitución, pues hay que recordar que todo servidor público al asumir el cargo, protesta cumplir y hacer cumplir su contenido, tal y como lo establece el numeral 128 de la carta magna.
Nuestra patria demanda servidores públicos respetuosos y respetables de la ley y desde luego, sabios de ésta, ejerciendo su cargo con todo el honor y el valor civil que se requiere ante sublime función, como lo es la administración de la justicia, la que desafortunadamente ya que tiene años arrastrando una imagen deshonesta, incapaz y cobarde. Es también bien sabido que una mayoría de los funcionarios judiciales de la federación encargados de ministrar justicia, reciben un salario que no devengan, dado el indigno desempeño que ejercen.
El saber no es producto de la casualidad, es producto del esfuerzo y la constancia, por lo que también, habremos de reconocer a los contados, pero muy contados magistrados y jueces, defendibles por su desempeño en tan magna tarea, pues cuando todos los servidores públicos cumplan cabalmente con el deber que tienen de servir en tales términos a la nación, esta patria de todos será otra y aunque existan otros datos, solamente el necio no puede ver que la miseria cada día se agrava en estas tierras mexicanas y sobre todo la miseria humana del servidor público, pues una mayoría sólo piensa en el poder y en la riqueza personal.
Basta ya de tantos excesos y de tanta cobardía por parte de la sociedad, la sociedad que con nuestro silencio y pasividad, hemos permitido tan lamentable situación actual. Vamos asumiendo cada quien nuestra responsabilidad, exijamos a los gobiernos en turno, cumplir con su deber para legitimar su demanda a la sociedad a la que se deben.
* Director del Observatorio Académico de Justicia y Seguridad Pública de la División de Estudios Jurídicos de la Universidad de Guadalajara.
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