Qué pena para la sociedad jalisciense tener a tan alto costo material, una legislatura compuesta por treinta y nueve diputados y más de mil empleados de esa institución, con unos resultados tan miserables, en particular en la última reforma constitucional propuesta por el Gobernador del Estado, con una dramática y lacónica exposición de motivos imputados al Poder Judicial del Estado y desde luego sin reconocer la más mínima responsabilidad del Ejecutivo, no obstante la evidente mediocridad e incapacidad con que se combate la delincuencia y la corrupción tan rampante por doquier.
Me atrevo a sostener esta posición por ver con mucho pudor, asco, impotencia y decepción de escuchar y leer al coordinador de seguridad pública del estado, Macedonio Tamez Guajardo, igual que la administración inmediata pasada, empezando por Jorge Aristóteles, manipulado arteramente por Roberto López, Alias el “chino” ex Secretario General de Gobierno, el ahora potentado Raúl Sánchez, ex fiscal general y la ex fiscal central Marisela Gómez Cobos, de la forma más deshonesta e inmoral, criminalizan a las víctimas de los homicidios, con un genial razonamiento, “de que son consecuencia de estar involucrados en el mismo ámbito de los criminales que los ejecutan” y pareciera que se ha instituido como solución a las investigaciones a tales homicidios, secuestros y otros delitos y esto lo sostengo porque es insoportable como ciudadano común, ya no quiero ubicarme como familiar del licenciado Israel Ramírez, quien antes de desempeñarse en el ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, fue un excelente, honesto e intachable funcionario en la institución encargada de practicar los exámenes de control y confianza; que tal coordinador de Seguridad Pública del Estado, que sin respeto alguno a la inteligencia de los jaliscienses, se atreve a conferenciar en el sentido de que “se ha contenido la delincuencia”, no obstante la constante de homicidios a todas horas, por todas partes, en hombres, mujeres y niños; sin justificación alguna, es decir, sin aducir algún elemento de prueba, en un sentido o en otro, se atreve afirmar que la muerte de este joven abogado no es causa del servicio público, sino por una situación personal, lo que hace suponer y propicia dolosamente un prejuicio a la conducta de esa persona, que desde luego, nada positiva, al establecer la duda tramposa, que si al ingeniero titular del Ejecutivo, le puede servir de justificación de lo inepto de este personaje, que abona una vez más a la impunidad, al tratar de agotar una investigación, con esa versión tan poca decorosa de un ser pensante, sobre todo de un personaje que se ostenta como médico cirujano y partero; para vergüenza del foro de abogados, también dice tener la profesión de abogado.
Todo ello sin que nadie alce la voz a efecto de contener se siga haciendo comentarios que erradamente pretenden criminalizar a las víctimas que ya no pueden defenderse y evadir el esclarecimiento de los hechos delictuosos, tales como el de homicidio, secuestro, robo, entre otros, ya que los desacertados comentarios realizados por el C. Macedonio Tamez, así lo hace concebir, pues así lo ha manifestado públicamente sin mayor recato, lo que hace conjeturar que toda víctima de un ilícito es culpable o en su caso se lo merecía, prejuicio este totalmente aberrante y disparatado, sin el más mínimo respeto para las víctimas y sus familiares, hecho que re victimiza y viola flagrantemente sus Derechos Humanos; todo ello sin que a la fecha haya habido algún pronunciamiento por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, al respecto, que inclusive, con su discreción –a mi parecer negligente, desleal y deshonesto- proceder se debería ponderar sobre si quienes ahí cobran, son los mejores profesionistas por su honestidad y eficiencia, pero como siempre al servicio del Ejecutivo.
Ahora bien, retomando el tema de la reforma inútil, no quiero que pase desapercibido, sin hacer una defensa a ultranza del Poder Judicial del Estado, pero sí, me obliga el conocer que nuestro régimen tripartito de gobierno, en sus tres niveles, existe una marcada delimitación en el ejercicio de cada uno de estos; es urgente que el Ejecutivo se avoque en serio a su responsabilidad y ponga orden y eficiencia en esa institución a fin de reestablecer la paz social y que el Poder Judicial haga lo propio, dejando de lado la cobardía y tolerando el sometimiento de que es objeto por los otros poderes y defiendan con dignidad y con honor a esa institución, que si bien es cierto que hay corruptos, magistrados, consejeros y jueces; muchos de estos prepotentes, mal educados, ignorantes e impuntuales, que pronto se estarán señalando, actos, conductas, debidamente fundados, razonados y motivados, también es cierto que los hay honrados, eficientes, honestos, leales, capaces, por lo que, considero es nuestro deber que pondere una real división de poderes, ello a la luz de nuestro propio sistema político y de gobierno que con mucha sangre de hombres y mujeres se nos dio.
* Profesor Investigador de la División de Estudios Jurídicos de la UdeG.
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