Válgame una expresión tan coloquial, pero me parece que es hora de dejar las discrepancias y los señalamientos negativos y muchas veces destructivos, cuando es el deber ser el buscar el bienestar de todos y para todos, que es innegable, que igualmente se requiere el esfuerzo y la integración de pueblo y gobierno y sobre todo, de las instituciones entre sí, que fueron creadas pensando en que fueran instrumentos útiles para alcanzar y optimizar un entorno decoroso y armonioso con un marco jurídico imperfecto pero perfectible con el buen desempeño de quien tiene la encomienda buscada o encargada de atender el servicio público.
Es hora de que cada poder cumpla cabalmente con su deber, que mucho tiene que hacer en la optimización de los recursos humanos y materiales, que toda institución deben estar dotada a plenitud, además de oportunamente, con toda la tecnología y los avances científicos al alcance, que por orden de importancia se debe atender la justicia y la seguridad pública, que descansan en el Poder Judicial y en el Ejecutivo, sin que el Legislativo se distraiga desatendiendo la vigilancia que debe guardar frente a los otros dos poderes, para el uso adecuado del erario público y el servicio oportuno, eficiente y en estricto apego al marco constitucional.
En los dos últimos meses, desafortunadamente hemos visto como el Ejecutivo, en concordancia con el Legislativo, han señalado al Judicial, como una institución corrupta, incapaz, insuficiente y por decreto, lo que desde luego es imposible, además los dos primeros, dicen pretender, quitarle lo pillo y eficientar su rendimiento mediante reformas legales y que en respuesta, el Judicial acusa que el único propósito de las reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial, no es otra cosa que el control que pretende sobre este, el Poder Ejecutivo, lo que ha propiciado muy lamentablemente, es una exhibición de poca dignidad, poca congruencia y por sobre todo, desapego a la institución al negociar la ratificación, inamovilidad o investigación de los que están sujetos a esta y en algunos casos al cambio de adscripción, por quienes ejercen el legítimo derecho de defender sus intereses, que lo ilegitimo, si así fuera, lo decidirá la institución resolutora de la controversia constitucional o del juicio de garantías que se haya planteado.
Por todo lo anterior, me parece indiscutible que quienes están al frente de las instituciones del gobierno, -es hora y muy urgente- que dejen de lado los intereses personales y de grupo y antepongan el interés general de la sociedad, que la que hoy por hoy se ve y se siente perdida e incapaz de hacer que el derrotero desafortunado, que hasta hoy conducen las autoridades, nos han llevado a tiempos muy aciagos con tormentas dramáticas al haber perdido la paz y la tranquilidad, que en tiempos no muy lejanos, se vivía en este país, con autoridades imperfectas pero concatenadas armoniosamente para cumplir con su función que les era encomendada, es urgente que pueblo y gobierno dejemos de lado el lamento y señalamiento y jalemos parejo a un mejor destino y que los abogados, por ese solo hecho de serlo, dejemos el confort de la cobardía, la comodidad, la incongruencia, la falta de honor y dignidad y aportemos lo que el saber nos obliga en tan virtuosa profesión.
* Director del Observatorio Académico de Justicia y Seguridad Publica de la División de Estudios Jurídicos de la UdeG.
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