Señores diputados, no tan solo ustedes que son los representantes populares constitucionalmente hablando y a nosotros la sociedad en general, resultan ofensivas a la inteligencia de los funcionarios del Ejecutivo que en la glosa del Informe del Gobernador comparecieron ante ustedes y de todos ellos, sólo la Fiscalía General del Estado reconoció el fracaso en la procuración de justicia que lleva intrínseca diversas aristas.
Al margen de los tipos de homicidios previstos en la legislación vigente, no se dijo cuántas denuncias fueron presentadas por la sociedad, cuantas se judicializaron, cuantas sentencias condenatorias se obtuvieron, etcétera, etcétera, y así la Secretaría de Salud, según lo declaró en los medios el respectivo secretario manifestó la correcta administración en esa institución y que el doctor Cruces Mada, aplicó honestamente los recursos que tanto se han hablado, entre otros, el destinado al Seguro Popular, no obstante que diversos medios han exhibido información de pagos de cirugías y tratamientos a personas inexistentes y otros manejos nada claros; en Pensiones del Estado, no obstante tanta información que se ha publicado de inversiones equivocadas, compras infladas, el titular en su comparecencia manifestó, que pese a lo que ha trascendido públicamente, la institución ha obtenido beneficios de más de cuatrocientos millones de pesos; el titular del SIAPA, quien también manifestó la excelente administración de los recursos y la eficiencia de los servicios; así pues, según las comparecencias hasta el viernes de la semana pasada de los secretarios todo funciona perfectamente, con transparencia, honestidad, eficiencia y sólo un prietito en el arroz, el manejo de los cadáveres en un tráiler, que de eso la contralora ya presentó denuncias, sin que haya sido necesario que esa conducta esté tipificada en la legislación penal, que por ende en un estricto derecho serán denuncias penales improcedentes y sí, puede haber responsabilidades por omisión, que en el caso del IJCF, desde el año 2016, la institución Setec, que era la encargada del nuevo sistema de justicia penal, solicito a la consultora Metha, que se investigara las necesidades de peritos del Instituto, dictaminando que se requerían de inmediato doscientos dieciocho peritos, de lo que tuvo conocimiento el presidente de la Junta de Gobierno y el secretario de Administración, sin la respuesta correspondiente, sin que se hubieran suspendido las actividades de dicho instituto haciendo el mayor esfuerzo posible para impedir el rezago que se venía acumulando desde el año 2010.
Ante tal escenario señores diputados, es urgente anteponer los intereses de la sociedad a los de la política y que las deudas políticas entre personas, grupos y gobiernos actuales y pasados, se haga un análisis con la responsabilidad más estricta que entraña el cargo de ser los representantes del pueblo según las constituciones federal y local y desde luego la voluntad de los ciudadanos expuesta el día de las elecciones y lo manifestado por diferentes abogados desesperados de ser víctimas del desaseo político en nuestro perjuicio y lo que es el Estado de derecho, para reestablecer la tan anhelada paz social, hoy por hoy tan ausente por la impunidad de los funcionarios corruptos e ineptos y de la delincuencia común que han establecido indiscutiblemente su gobierno y desgraciadamente en todo el país ya que no es privativo de Jalisco.
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