Actualmente se instaura un procedimiento a una modesta funcionario de la Fiscalía del Estado, quien con pruebas y no simple razones o dichos, denunció a su jefe inmediato, Marco Antonio Montes González, de exigirle una actuación que no pertenecía a la realidad, por demás delicada, ya que se trataba del ataque de uno de los derechos más sagrados, -después de la vida-, como lo es el de la libertad; lejos de ser sancionado, despedido y consignado de la Fiscalía, es ascendido en el cargo y la denunciante ahora es víctima de una supuesta procuración de justicia, a quien se le han involucrado en dos carpetas de investigación, totalmente injustificadas, ya que se le imputan hechos que por razones de tiempo y lugar.
No estaba en posibilidad de cometerlos y el otro, por negarse a practicar una actuación que no correspondía a la causa que se investigaba, la que se planteaba por su superior inmediato, alteraciones graves al escenario jurídico, que por congruencia, decencia, profesionalismo, honestidad y lealtad a la institución, no se prestó, sino que, denuncio valientemente un hecho que no debería suceder nunca y que desafortunadamente es una constante y lo peor, la mayoría de las veces por corrupción, no por error o buena fe. La ahora funcionaria es víctima de su dignidad, honor y valor civil, al ser perseguida penalmente y el corrupto denunciado, goza de cabal impunidad y de un ascenso inmerecido en dicha institución en que aun cobra y se desempeña, ello aunque no le sirva y solo se sirva de ella.
Hoy en día, no es un secreto para nadie el mal funcionamiento de la institución de marras, lo único que le permite seguir como hasta ahora es nuestra indiferencia e inconciencia, ya que no hay más de una persona con casta que se atreva a denunciar, lo que se dilatan o se aceleran, se alteren o se agreguen circunstancias en pro de los intereses de alguno de los intervinientes en las carpetas de investigación, es bueno reconocer que existen casos que las citadas corruptelas se realizan sin la complacencia de los jefes inmediatos o superiores, sino por la habilidad con que ya cuenta el personal de niveles medios y bajos por el tiempo que tienen enquistados en esa institución y han aprendido a operar sus ilegalidades, de tal suerte que logran la impunidad para el mejor postor, con un actuar criminal, lo cual está más que manifiesto, pues no se sanciona ni tan siquiera al diez por ciento de los delincuentes.
De igual forma, -por citar otro ejemplo- los distintos peritos que integran el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, no se atreven a denunciar al actual Director General como a la jefa de capacitación y al jefe de Dictaminación Pericial, quienes frecuentemente les exigen sean corruptos, ya que se les pide modificar o alterar dictámenes ya procesados o dar resultados contradictorios a la realidad en sus opiniones que están procesando para su resultado respectivo, con el único animo de crear incertidumbre y confusión y no tenga ninguna validez dicha opinión, en donde, hasta los ministerio públicos los amenazan en caso de no dictaminar en el sentido que ellos les exigen, lo cual trae como consecuencia la impunidad en muchos de los casos y en otros se crean culpables. Bueno sería que se practicara un auditoria a los indicios y dictámenes periciales que se han procesado, que se están procesando y algo más grave aún, la desaparición de indicios por instrucción de los superiores, todo lo cual contribuye a agravar la impunidad en nuestra sociedad, lo peor aún es que no es ajeno a esta situación el Coordinador de Seguridad, quien en alguna ocasión dio instrucciones contrarias a lo que está obligada la institución, como lo fue en el caso de que en una importante cantidad de cuerpos desmembrados, ordenó que solo se aplicara el dictamen de genética a cabeza y torso, induciendo así, a que se integraran los cuerpos con piernas y brazos indistintamente, fueran de quien fueran, lo cual atenta contra la dignidad más elemental y derechos fundamentales y humanos de las víctimas, todo ello sin ninguna consecuencia, hasta ahora, de ahí que la impunidad cada día sea cotidiana y se penetra en torno a los funcionarios de todos los niveles.
Todo lo anterior es por demás sabido, pero imposible de probarlo ante el pánico laboral que vive en particular el personal de Ciencias Forenses, que espero estas líneas no les traiga consecuencias más graves.
* Director del Observatorio Académico de Justicia y Seguridad Publica de la División de Estudios Jurídicos de la UdeG.
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