Me surge esta pregunta, ante la desventura, indiferencia y mala práctica, -por no decir ilegal- de los gobiernos, tanto Federal como Estatal, ya que el Presidente de la Republica se ha atrevido a decir e instruir a sus subalternos que: “cuando la justicia riña con el derecho, dejen de lado el derecho, inclínense por la justicia”; puedo afirmar que en el mundo no hay otro Presidente de un país, que se dice Republicano y Democrático, que ose instruir a cualquiera de sus funcionarios en esos términos.
Pese a que en el código nacional más importante de México, en su artículo 28, reza entre otras cosas, que todo servidor público debe protestar cumplir y hacer cumplir, tanto la Constitución como las leyes que de esta emanen, que me parece un texto que no requiere más de medio dedo de inteligencia para entender el significado de esa frase sacramental, la cual niega a cualquier mortal servidor público, -por muy genio que se considere-, de poner en duda la observancia de la ley, dado que la justicia no puede estar separada de la norma, ya que cada individuo tiene su valores, principios, forma y parecer de evaluación de las cosas justas, de ahí la importancia de sujeción estricta a la norma y no dejarla a apreciaciones individuales subjetivas, ya que caeríamos en lo sostenía Calderón de la Barca: “nada me parece justo cuando no es de mi gusto”, precisamente, para evitar la actualización de la anterior frase, es que todo servidor público forzosamente debe constreñirse a lo que la ley le establece y no pretender ir mas allá, ya que en más de una ocasión, en la vida de cualquier persona, ha ponderado determinada circunstancia como justa, de acuerdo a su óptica, que cuando alguien más erudito le aclara el caso en cuestión y el equivocado es honesto, se dispensa y reconoce su error, aquello que afirmaba como justo tuvo que revalorarlo ya sea de manera parcial o total, el error en que se encontraba.
Al igual acontece en Jalisco, ya que no es tan solo letra muerta la atención a la norma, por parte de algunos servidores públicos, sino que es ofensiva su desatención; hemos visto en los últimos acontecimientos, como es que se mediatizan algunos casos, como el de la menor de Puerto Vallarta, que sin derecho a la audiencia y a la defensa, los serviles Consejeros y Presidente del Tribunal, se someten injustificadamente a la sugerencia del Gobernador del Estado, -que sin ser de su competencia y que en la suya hay muchos excesos de ignorancia, ineficiencia, deshonestidad, incongruencia, de omisión, de cinismo y de traición a la sociedad jalisciense-, pues se atrevieron, -el ingeniero en particular que encabeza el Ejecutivo-, a mediatizar una noticia equivocada, de que el Juez del caso había dejado en libertad al agresor de la víctima infantil, -lo cual nunca fue cierto-, actuar muy conveniente que deja patentizada la citada frase de Calderón de la Barca, referida en supra líneas y para nada hizo un pronunciamiento ni mediatizo lo referente al modo y forma en que fueron elegidos los tres Consejeros del Consejo de la Judicatura del Estado, que desde luego también gozan de total impunidad criminal, no obstante la denuncia penal que existe en contra de estos y los diputados que tienen el cinismo y desvergüenza de haberlos reprobado y aun así, en un asalto nocturno a las tres de la mañana, supuestamente investido de legalidad designan a semejantes Consejeros, de menor honestidad, conocimientos y de solvencia moral, según consta de los propios exámenes, que por ejemplo del Consejero integrante del Consejo de Participación Social, David Álvarez, a quien por cierto, le anda costando su cargo, por su inconformidad legitima, correcta y valida, al manifestar su total y absoluto desacuerdo en los nombramientos de los Consejeros designados, lo cual tiene verdadera e injustificadamente irritado al Coordinador de la mayoría de la Legislatura actual, que con todo y pena, debo reconocer que tiene el título de abogado, egresado del alma mater, pero que con todo y eso los intereses políticos y conveniencias personales se ven exaltados, ante una contradicción honesta, legitima y autentica, que desde luego es evidente e indiscutible que a los nombramientos de esos tres impunes Consejeros, son producto de las componendas del Ejecutivo, que evidentemente y ante los ojos de cualquier ciego, se puede ver la manipulación franca y desbordada, desde luego, tanto del Ejecutivo, con plazas y nombramientos a diestra y siniestra, un derroche desmedido del dinero del pueblo, pero desafortunadamente no en lo necesario y urgente, como es, no el dar cuentas falsas del índice de la delincuencia, sino que se trata de tantas vidas ya derramadas, de personas desaparecidas, de todo tipo de latrocinios dentro de la misma procuración y administración de la justicia, a la que menos se le invierte y la que menos le interesa al Gobierno, lo cual es más que evidente, ante la realidad que nosotros si vemos y que sí tiene cuentas alegres de la descendencia de crimen, es porque ya la sociedad prefiere no denunciar para no ser victimizado más, ya que la justificación dolosa, criminal, irresponsable de querer engañar de manera pública al pueblo, diciéndole que ha bajado el número de delitos, cuando todos somos víctimas de una o de otra manera. Ahora bien, hay que estar pendientes de las nueve plazas de magistrados vacantes, a ver cuánto cuestan y la del Director de Control y Confianza, ya que aunque puede ser que se trate de temas que ni siquiera conoce el aspirante, pero pagando el precio la obtiene; -como ya lo ha dicho otro personaje de la política, que al menos señalo a diecisiete-, sin contar la venta de plazas de jueces.
Reconozco mis limitaciones y por ello le pido al foro y sociedad en general, que me corrija en lo aquí expuesto, si es que estoy equivocado, aunque sí no, apoyen y se pronuncien, pero también se me puede aclarar o corregir, que yo se los pido modestamente ya sea en lo privado o en lo público, ello con el ánimo de que todos aportemos nuestro granito de arena y participemos de alguna manera en el quehacer de lo político, lo público, lo social, etcétera.
* Director del Observatorio Académico de Justicia y Seguridad Publica de la División de Estudios Jurídicos de la UdeG.
locb15@hotmail.com
