La semana pasada ya se separó del cargo de magistrado, -que de su desempeño, mejor ni hablar- por razones de la edad, dando un espacio más a las siete vacantes que ya existían, lo que constituye un gran botín para los poderes Ejecutivo y Legislativo, ya que les permite a estos poderes tener un control amplio sobre el judicial, hoy por hoy tan descalificado, denostado, vilipendiado, castrado y lo más grave, sin la defensa suficiente y adecuada de sus integrantes, lo que produce una afirmativa tacita de la descalificación de que ha sido objeto el órgano de justicia de nuestro Estado.
Es vergonzoso para los jaliscienses tener un Tribunal Superior de Justicia, con integrantes en su mayoría, -que ante la falta de su ratificación en el cargo-, se han sometido al Legislativo y Ejecutivo, sin ningún pudor y hasta realizando actos ilegales como indignos.
Al revocarse sus propias determinaciones, -por citar solo un ejemplo- basta acordarnos del caso en que habían establecido plantear la controversia constitucional, contra reformas a su ley orgánica, posteriormente, en contravención a su propia determinación primigenia, consideraron no promover dicho medio de control constitucional, que dicho sea de paso y sin que los integrantes del Órgano Jurisdiccional en cuestión, hayan salido a defenderse, pese a que el supuesto motivo fundamental de las reformas, según la iniciativa pública del Ejecutivo Estatal, se motivaron debido a que el Órgano de Justicia está compuesto por pillos y pocos dignos, lo cual nos permite darnos cuenta de lo mal que se encuentran unos y otros, por un lado, al permitirse que sigan y, por el otro al tolerar y permitir que se les denoste, lo que evidencia su calidad profesional y moral de estos personajes.
Señores diputados, tienen la carga legal y moral, de elegir de entre los aspirantes que atiendan la convocatoria, que ustedes deberán publicar, llamando a quienes tengan interés a ocupar esas vacantes que me he venido refiriendo y que deben de reunir los requisitos legales, habrán de cuidar, que además de ser hombres o mujeres con la más alta calificación profesional, deben ser gentes honorables, con la más alta conciencia cívica, responsable, eficiente, con la dignidad y el honor que se merece esa investidura, porque ya basta de tanta deshonestidad con que se manejan algunos magistrados, donde sin el más elemental pudor le reducen el salario a sus subalternos, que al final de cuentas son los que hacen el trabajo en esa institución, lo cual es un escándalo, pero que las víctimas que generalmente son gente capaz y que prefieren callar y recibir menos de lo que legalmente les corresponde, a perder su trabajo, que es el sustento de sus familias y lo difícil del ejercicio de la profesión frente a instituciones tan quebrantadas como el Poder Judicial del Estado, por eso señores Diputados, al margen de la consigna que reciban, antepongan el interés del Estado, al de sus grupos políticos o de partido, que ya basta el caos en que está sometido este poder que hoy les toca a ustedes tratar de reivindicar con funcionarios dignos del cargo y de los jaliscienses.
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Director del Observatorio Académico de Justicia y Seguridad Publica de la División de Estudios Jurídicos de la UdeG.
