Un nuevo ataque al poder judicial está a punto de fraguar el presidente López Obrador con el recorte a su presupuesto. Lo que no se dan cuenta o no les importa a los que apoyan la medida, es que no solo perjudican al poder judicial como institución, sino que con ello también perjudican a todos los trabajadores del poder judicial y a la sociedad en general.
“Después de la permanencia en el cargo -afirmaba Hamilton uno de los padres de constitucionalismo norteamericano-, nada puede contribuir más eficazmente a la independencia de los jueces que el proveer en forma estable a su remuneración”. “Para acabar de garantizar la independencia de los jueces -aseveraba Benjamín Constant- habría que aumentar sus asignaciones”. La función de los jueces, según el pensador francés, se ve menospreciada si ese salario es muy pequeño.
Pese a existir un consenso dentro de la doctrina constitucional respecto a la necesaria independencia económica del poder judicial, se sigue escatimando su presupuesto. El tema es de suma relevancia si queremos tener juzgadores competentes y debidamente capacitados, para que la justicia sea rápida y expedita, por lo que debe ser atractiva la carrera judicial para que lleguen los mejores perfiles, particularmente, cuando el estudiante de derecho sabe que como abogado litigante puede llegar a ganar mucho más dinero.
La dependencia económica del poder judicial ha sido uno de los grandes problemas con los que se ha enfrentado la clásica división de poderes, por lo que la doctrina constitucional ha destacado la importancia de un conjunto de garantías encaminados a que la actuación del juez sea, en lo más posible apegada a derecho, que van desde el acceso a la carrera judicial, los nombramientos, inamovilidades, garantías económicas y un adecuado sistema de responsabilidades.
La independencia económica del poder judicial se entiende desde dos vertientes principales. Por un lado, la necesaria partida económica institucional traducida en personal, servicios y medios idóneos, adecuados y suficientes para que el juez pueda desarrollar todas las competencias y capacidades para el ejercicio de su cargo y se traduzca, a su vez, en una justicia rápida, ágil y eficaz. Esta vertiente tiene la gran restricción de estar sometida a los criterios político-económicos del proyecto presupuestario del Estado. Por otro lado, la independencia económica personal, traducida en una seguridad económica que un juez debe contar para no caer en tentaciones de corrupción y cohecho, insistiendo en la importancia de que se tenga un juez debidamente retribuido acorde a su responsabilidad de impartir justicia y a las incompatibilidades a que está sujeto, por lo que la retribución económica debe ser mayor.
Se alega que los jueces, magistrados y ministros ganan mucho dinero, sin embargo, se debe tomar en cuenta que la carrera judicial está sometida a un régimen de incompatibilidades en comparación con otros servidores públicos, porque no pueden dedicar a otra actividad, salvo a la actividad académica. Mientras que un legislador o servidor público del poder ejecutivo sí puede desarrollar otra actividad, los jueces no lo pueden hacer por ley. Por otra parte, la gran responsabilidad que desempeñan los jueces debe ser acorde a su remuneración para evitar, en la medida de los posible, que busquen otras actividades alternas para conseguir un decoroso medio de vida, sean licitas o ilícitas.
Ahora bien, es de sobra conocido que existe un alto nivel de corrupción dentro del poder judicial, pero recortando el presupuesto no solucionará el problema, sino que, por el contrario, lo agravará. Es necesario reforzar los mecanismos de control y fiscalización tanto institucional como personal. Es importante saber en qué se gasta el recurso asignado al poder judicial, como también es importante saber si un juez está recibiendo dadivas. Para ello es importante contar con los mejores perfiles, no solo profesionales sino éticos, retribuyéndoles con un salario digno. Pero como el ser humano no es infalible por naturaleza, se debe de invertir además en las áreas de control interno y externo para vigilar su actuación, sin interferir en su independencia al momento de resolver un asunto.
Que el presidente de la República denuncie o señalar a un juez porque no le gustan sus resoluciones no es control, es persecución. Una cosa es demostrar con pruebas que el juez se está corrompiendo y otra cosa muy distinta es presionar para que sus resoluciones sean como López Obrador quiere que sean, en su muy particular manera de entender la justicia.
Integrante del Observatorio sobre Seguridad y Justicia del CUCSH y miembro del Sistema Nacional de Investigadores*
jchairesz@hotmail.com
