López Obrador supone que todos los ministros nombrados por los gobiernos anteriores, por la forma que fueron electos, benefician con sus sentencias a un sector que él considera como conservadores, que son todos ellos que no apoyan sus decisiones.
Se piensa que el actual método de elección en donde el presidente propone a tres candidatos y el senado elige a uno de ellos, el ministro electo se someterá a las indicaciones del presidente o de los senadores, porque les debe el cargo. Si bien es cierto que es un riesgo, el método estaba pensado para que la propuesta fuera consensuada y no impuesta, como lo hizo López Obrador. Además, al ser escalonada el presidente en turno solo podría nombrar a algunos de ellos, no a todos, con lo cual los anteriores no le deberían el cargo.
De ahí que surjan algunas propuestas para cambiar el método de elección. Una de ellas es la elección popular de los ministros, que ha sido impulsada desde la academia por el jurista Jaime Cárdenas, bajo el supuesto que los tres poderes del estado deben emanar del pueblo.
Esta propuesta ha sido retomada en las iniciativas de López Obrador que presentó el pasado cinco de febrero, pero con algunas variantes. De acuerdo con la iniciativa los ministros, magistrados, jueces federales serán elegidos de manera directa y secreta por la ciudadanía. Para ello el presidente, el poder legislativo y el poder judicial propondrán diez candidatos cada uno. Un organismo responsable de realizar las elecciones (Instituto Nacional de Elecciones y Consultas) sería el encargado de organizar el proceso electivo. Se dice que con la finalidad de evitar la indebida intromisión de intereses ajenos se prohibiría financiar las campañas, ya sea con recursos públicos o privados, así como contratar espacios de radio y televisión para promocionar candidatos. Tampoco podrían los partidos políticos realizar actos de proselitismo a favor o en contra de alguna candidatura. Solo podrán promocionarse en tiempos oficiales de radio y televisión, así como participar en foros de debates organizados por el propio Instituto o algún medio de comunicación de manera gratuita.
Cabe señalar que todos los métodos de elección de jueces cuentan con ventajas y desventajas. Ningún método es infalible. En todos los países existen críticas a sus métodos de elección.
Ahora bien, según López Obrador, con el método propuesto se acabarían los nombramientos cupulares, realizado ya sea por el mismo presidente de la República o como resultado de acuerdos entre los partidos políticos o intereses ajenos. Sin embargo, la iniciativa sigue privilegiando los arreglos cupulares.
En primer lugar, los treinta candidatos son propuestos por el presidente de la República, el poder legislativo y la Suprema Corte, sin ningún filtro de capacidad. Es decir, podrán proponer a personas como Lenia Batres, con evidentes y notoria falta de conocimientos jurídicos y méritos para ocupar el más alto puesto jurisdiccional del país. Jaime Cárdenas propone una primera etapa de meritocracia, es decir, un examen previo para determinar el grado de conocimiento de los aspirantes. Cabe señalar que la idea de una evaluación previa presenta algunos problemas, porque en México no se tiene confianza en los evaluadores ¿quiénes serán los que lleven a cabo los exámenes?
En segundo lugar, se propone que los candidatos se darán a conocer a través de los medios oficiales, en donde podrán exponer sus posturas sobre diferentes temas jurídicos, de tal forma que la gente pueda votar por la persona que más les convenza. Según Jaime Cárdenas, ahí podrán exponer lo que piensan sobre el derecho, si estudió en una universidad privada o pública y de ahí si forma de entender algunos temas como el aborto, los matrimonios igualitarios, sobre la legalización de las drogas, si su postura es positivista, realista decimonónico, iusnaturalista o es neoconstitucionalista, si está de acuerdo en asuntos como la prisión preventiva oficiosa, sobre la participación del Estado en la economía, si están a favor de una economía estatizada o liberal, si están de acuerdo con la declaración de inconstitucionalidad de leyes, el principio de relatividad de las sentencias de amparo, etc. De verdad esperamos que la gente esté enterada de estos temas, que incluso los abogados y expertos en dichos temas no se ponen de acuerdo. Y no porque la ciudadanía no tenga la capacidad de entender, sino porque son temas en donde se requiere tiempo de estudio y preparación. Al igual que no podríamos cualquiera de nosotros determinar si a una persona se le deba realizar tal o cual operación quirúrgica o qué tipo de cemento o varillas se debe utilizar en una construcción.
En tercer lugar, la gente no votará por el candidato que se defina como iusnaturalista o positivista, si es partidario de la escuela exegética o realismo jurídico, si está de acuerdo con superioridad jurídica del legislativo o si es partidario de neoconstitucionalismo. Finalmente se votará por filiaciones partidistas o ideológicas, por la persona que mejor se exprese, por la más guapa o más guapo, no por el más capaz.
En cuarto lugar, de acuerdo con el Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal del INEGI, para el 2022 había 1,647, magistrados y jueces federales. López Obrador ha dicho que está de acuerdo que realicen campaña sin financiamiento público ni privado. ¿De verdad quieren que todos ellos hagan campaña o realicen debates, aunque sea en medios oficiales? ¿Se limitarán los candidatos a exponer solo sus opiniones jurídicas o denostarán a sus oponentes?
Como decía Hamilton, debemos estar preparados para ver en plena acción todas las simpatías y antipatías, los antagonismos y preferencias, las aficiones y animadversiones, tanto particulares como de partido.
Integrante del Observatorio sobre Seguridad y Justicia del CUCSH y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel II*
Twitter: @jorgechaires
Correo electrónico: jchairesz@hotmail.com
