La Corte y la política

Cuando la política entra por la puerta del tribunal, la justicia huye asustada por la ventana. Nunca mejor aplicada la frase ahora que el ministro Arturo Zaldívar permitió que la política influyera en su actuar como ministro y presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La política y la justicia no se llevan, son incompatibles en un país que se digne ser democrático. El constitucionalismo lo ha entendido bien después de muchos años de malas experiencias vividas en diferentes partes del mundo. La lógica de la división de poderes, como lo hizo notar Hans Kelsen, va más en contra de la concentración de poderes que de la división de poderes.

Politizar la justicia ha sido una pretensión de los autócratas, por lo que históricamente se han implementado medidas para evitar que ello suceda. Cuando los gobernantes han querido imponer su voluntad doblegando las reglas del estado de derecho, inician apoderándose de la facultad de hacer leyes y terminan influyendo en los que la aplican.

López Obrador ha sometido a los legisladores afines a su movimiento, al grado que no permite que se le quite ni una coma a sus iniciativas. Sin ningún recato ha pretendido influir en las decisiones de los impartidores de justicia, insultándolos, señalándolos de corruptos, con amenazas de iniciar investigaciones por su actuar. Afortunadamente para los mexicanos, no ha podido doblegar al poder judicial; de ahí su enojo y molestia con el gremio judicial.

Con la tibieza con que reaccionó el entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la propuesta de López Obrador para prolongar a dos años más su permanencia como presidente de la Corte, cuando claramente iba en contra de la ley, se advertía ya que le estaba abriendo la puerta del máximo tribunal del país a la política. Situación que se confirmaría con sus votos emitidos en las ultimas resoluciones, en donde era evidente su parcialidad a favor de los intereses del presidente López Obrador. Ahora, con su renuncia a la Corte y su incorporación al proyecto político de la autollamada cuarta transformación, se termina de confirmar que la política entró al despacho del ministro Zaldívar.

Es triste ver que la carrera judicial de un ministro del máximo tribunal del país concluya de esa manera. Y no porque los jueces no tengan preferencias ideológicas o políticas que deseen defender, sino por las formas. Nadie cuestionó a la exministra Olga Sánchez Cordero cuando se incorporó al proyecto de López Obrador, llegando a ocupar el segundo puesto más importante dentro del ejecutivo, porque ya había concluido su encargo en la Suprema Corte de Justicia.

¿Por qué no se esperó el ministro Zaldívar a concluir su encargo cuando ya la faltaba solo un año? ¿Cuál era la prisa de dejar la Corte para al día siguiente sumarse al proyecto de Claudia Sheinbaum? Con el tiempo sabremos lo que le ofreción López Obrador para que actuara de tal manera.

El constituyente mexicano estableció diversos mecanismos para garantizar que la política no interfiera en la labor de los jueces, para que sean independientes, de tal forma que su actuación sea apegada a la ley y no se dejen presionar por actores externos. Uno de esos mecanismos es que, como miembro de uno de los tres poderes del Estado, no puedan renunciar sino por causa grave, a fin de garantizar la estabilidad de la Corte y no exista una rotación perniciosa. Otra media que busca evitar la politización de la justicia es que se exige como requisito para ser ministro no haber sido secretario de estado, fiscal general de la República, senador, diputado federal, ni titular del poder ejecutivo de alguna entidad federativa, durante el año previo al día de su nombramiento. También se prevé algunos impedimentos para ocupar cargos o realizar una actividad después de concluido su nombramiento. Para ser diputados y senador se requiere dejar el cargo tres años antes del día de la elección. No puedes ser elegidos como secretario de estado, fiscal general de la República, ni titular del poder ejecutivo de alguna entidad federativa, dentro los dos años siguientes a la fecha de su retiro. Tampoco pueden actuar como como patronos, abogados o representantes en cualquier proceso ante los órganos del poder judicial de la federación.

El 30 de marzo de 2021, el entonces ministro Arturo Zaldivar hablaba de una independencia del poder judicial en serio: “Tomarse en serio la independencia judicial —decía— es brindar a las juezas y jueces de este país las condiciones para que hagan su trabajo todos los días, con integridad: sin presiones externas —ni del poder político ni de los poderes económicos, mediáticos o criminales que buscan poner el derecho al servicio de intereses privados—; sin temor a enfrentar consecuencias por sus decisiones —sean políticas, económicas, personales o de cualquier índole—, y sin instrucciones de cualquier autoridad, interna o externa al Poder Judicial”. https://arturozaldivar.com/milenio/independencia-judicial-en-serio/

Es evidente que con su actuar, el exministro Zaldivar no solo no se tomó en serio la independencia del poder judicial, sino que le abrió la puerta a la política para que la justicia junto con él huyeran por la puerta de atrás.

Integrante del Observatorio sobre Seguridad y Justicia del CUCSH y miembro del Sistema Nacional de Investigadores*

@jorgechaires

jchairesz@hotmail.com