/ lunes 7 de agosto de 2023

La educación como política de Estado

Uno de los temas más delicados dentro de la agenda nacional, es sin lugar a dudas, el educativo. La educación de nuestras niñas y niñas es un asunto de Estado, es decir, a partir de un gran consenso en donde participemos todos los mexicanos, comenzando por el presidente de la República, pero también, los legisladores, los padres de familia y, en general, toda la sociedad.

En ese sentido en la Constitución se establecen los principios y criterios en los que se deben basar los planes y programas de estudio, entre ellos, que sea resultado del progreso científico, luchar contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. Además, debe ser democrática, de carácter nacional, que contribuya a la mejor convivencia humana y que sea de calidad.

Dentro de estos principios orientadores, existe un margen de maniobra muy importante por parte del presidente de la República. El artículo 3º de la Constitución dispone que: “El Ejecutivo Federal determinará los principios rectores y objetivos de la educación inicial, así como los planes y programas de estudio de la educación básica y normal en toda la República”.

Esta disposición ha permitido que cada presidente de la República imprima su propio sello en los planes y programas de Estudio, unos más que otros. La pregunta es ¿Qué tanto debe intervenir el presidente de la República en la elaboración de los planes y programas de estudio? Si bien es cierto que el ejecutivo federal es el responsable de implementar la política educativa conforme al texto constitucional, qué tanto puede alterar los principios y criterios establecidos en la Constitución.

El mismo artículo 3º dispone que en su elaboración se debe considerar la opinión de los gobiernos de las entidades federativas y de los diversos actores sociales involucrados en la educación. Ello constituye el único candado para que los planes y programas de estudio no se desvíen de los principios y criterios establecidos en el texto constitucional.

Para la elaboración, revisión o modificación de los planes y programas de estudios era una práctica habitual que la Secretaría de Educación Pública realizara asambleas o reuniones con todos gobiernos de los estados, académicos, especialistas, padres de familia, escuelas privadas, sindicatos y demás organizaciones involucradas en la educación del país. Lo que se discute y propone en dichas reuniones o asambleas son de suma importancia, porque ahí se toman las decisiones y los consensos para su elaboración.

Sin embargo, por una extraña razón, la Secretaría de Educación Pública reservó la información de las asambleas por cinco años, con el argumento de que de hacerla pública se podría obstaculizar la elaboración y desarrollo de los textos, además de vulnerar datos personales y el interés superior de la niñez. Si a ello ligamos la pretensión de López Obrador de paralizar al Instituto Nacional de Transparencia, resulta claro que no se tiene ninguna intención de transparentar quiénes y cómo participaron.

Teniendo acceso a la información de las reuniones o asambleas podremos saber si realmente hubo un consenso, si participaron en la elaboración de los libros los gobiernos locales, especialistas y demás actores involucrados en la educación del país. Podremos saber las razones por las que se decidió, por ejemplo, que resulta pedagógicamente correcto que los alumnos de quinto año de primara elaboren una maqueta simulando una eyaculación. Podremos saber por qué permitieron que prácticamente se eliminara las matemáticas en la educación primaria. Si les pareció correcto hablar bien de la gestión de Claudia Sheinbaum como Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y no de los otros 31 gobernantes de los Estados. Por qué se aprobó el que se dijera que en la elección de 2006 hubo un fraude, cuando no hay ninguna prueba de ello. Por que decidieron incluir textos en donde claramente se incita al odio, racismo y división entre los mexicanos.

Resulta inverosímil que, si los libros de texto pasaron por muchas manos para su revisión y aprobación antes de ser publicados, tengan una gran cantidad de errores. La única explicación posible es que fueron elaborados al vapor, por unas cuantas personas sin la preparación pedagógica necesaria y sin ser revisados por los especialistas.

*Integrante del Observatorio sobre Seguridad y Justicia del CUCSH y miembro del Sistema Nacional de Investigadores

Uno de los temas más delicados dentro de la agenda nacional, es sin lugar a dudas, el educativo. La educación de nuestras niñas y niñas es un asunto de Estado, es decir, a partir de un gran consenso en donde participemos todos los mexicanos, comenzando por el presidente de la República, pero también, los legisladores, los padres de familia y, en general, toda la sociedad.

En ese sentido en la Constitución se establecen los principios y criterios en los que se deben basar los planes y programas de estudio, entre ellos, que sea resultado del progreso científico, luchar contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. Además, debe ser democrática, de carácter nacional, que contribuya a la mejor convivencia humana y que sea de calidad.

Dentro de estos principios orientadores, existe un margen de maniobra muy importante por parte del presidente de la República. El artículo 3º de la Constitución dispone que: “El Ejecutivo Federal determinará los principios rectores y objetivos de la educación inicial, así como los planes y programas de estudio de la educación básica y normal en toda la República”.

Esta disposición ha permitido que cada presidente de la República imprima su propio sello en los planes y programas de Estudio, unos más que otros. La pregunta es ¿Qué tanto debe intervenir el presidente de la República en la elaboración de los planes y programas de estudio? Si bien es cierto que el ejecutivo federal es el responsable de implementar la política educativa conforme al texto constitucional, qué tanto puede alterar los principios y criterios establecidos en la Constitución.

El mismo artículo 3º dispone que en su elaboración se debe considerar la opinión de los gobiernos de las entidades federativas y de los diversos actores sociales involucrados en la educación. Ello constituye el único candado para que los planes y programas de estudio no se desvíen de los principios y criterios establecidos en el texto constitucional.

Para la elaboración, revisión o modificación de los planes y programas de estudios era una práctica habitual que la Secretaría de Educación Pública realizara asambleas o reuniones con todos gobiernos de los estados, académicos, especialistas, padres de familia, escuelas privadas, sindicatos y demás organizaciones involucradas en la educación del país. Lo que se discute y propone en dichas reuniones o asambleas son de suma importancia, porque ahí se toman las decisiones y los consensos para su elaboración.

Sin embargo, por una extraña razón, la Secretaría de Educación Pública reservó la información de las asambleas por cinco años, con el argumento de que de hacerla pública se podría obstaculizar la elaboración y desarrollo de los textos, además de vulnerar datos personales y el interés superior de la niñez. Si a ello ligamos la pretensión de López Obrador de paralizar al Instituto Nacional de Transparencia, resulta claro que no se tiene ninguna intención de transparentar quiénes y cómo participaron.

Teniendo acceso a la información de las reuniones o asambleas podremos saber si realmente hubo un consenso, si participaron en la elaboración de los libros los gobiernos locales, especialistas y demás actores involucrados en la educación del país. Podremos saber las razones por las que se decidió, por ejemplo, que resulta pedagógicamente correcto que los alumnos de quinto año de primara elaboren una maqueta simulando una eyaculación. Podremos saber por qué permitieron que prácticamente se eliminara las matemáticas en la educación primaria. Si les pareció correcto hablar bien de la gestión de Claudia Sheinbaum como Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y no de los otros 31 gobernantes de los Estados. Por qué se aprobó el que se dijera que en la elección de 2006 hubo un fraude, cuando no hay ninguna prueba de ello. Por que decidieron incluir textos en donde claramente se incita al odio, racismo y división entre los mexicanos.

Resulta inverosímil que, si los libros de texto pasaron por muchas manos para su revisión y aprobación antes de ser publicados, tengan una gran cantidad de errores. La única explicación posible es que fueron elaborados al vapor, por unas cuantas personas sin la preparación pedagógica necesaria y sin ser revisados por los especialistas.

*Integrante del Observatorio sobre Seguridad y Justicia del CUCSH y miembro del Sistema Nacional de Investigadores