En México tres de cada cuatro hijos de padres separados no reciben pensión alimenticia y en la mayoría de los casos los deudores son los padres dejando la obligación alimentaria exclusivamente a la madre. Desde hace algunos meses presenté en el Congreso del Estado una iniciativa para crear un Registro de Deudores Alimentarios, una propuesta que contempla la reforma a diversos artículos de nuestro Código Civil, la Ley del Registro Civil y la Ley de Registro Público de la Propiedad.
El día de ayer esta iniciativa fue aprobada por el Pleno del Congreso que, entre otras cosas, establece la inscripción a este Registro de todo aquel padre o madre deudor cuando exista incumplimiento de la obligación en un periodo de 90 días. También faculta a los notarios para que emitan una notificación al Juez cuando el deudor manifieste intención de vender o adquirir alguna propiedad y no podrán realizar ningún acto jurídico.
Con estas modificaciones a nuestras normas lo que se busca es que se hagan cumplir las responsabilidades que estos padres continúan evadiendo a través de estrategias legales como pedir que su salario sea registrado en menor cantidad de la que se percibe, ocultando bienes y hasta señalando que no cuentan con un empleo donde al único que se afecta es al menor. Del mismo modo, esta iniciativa señala que en los casos donde no existan elementos para corroborar los ingresos del deudor alimentario se resolverá con base en la capacidad económica y nivel de vida que éste y sus acreedores alimentarios hayan llevado en los dos últimos años.
Garantizar el cumplimiento de las obligaciones que los padres tienen para con sus hijos de brindar una pensión alimenticia que comprenda subsistencia para comida, vestido, habitación, la asistencia en la enfermedad, atención a las necesidades psíquica, afectiva y de sano esparcimiento, es salvaguardar la integridad de las niñas, niños y adolescentes de Jalisco; pero también de manera indirecta y no menos importante, al obligar a los deudores a cumplir con dicho compromiso, se protege a las mujeres de la violencia económica que se ejerce sobre ellas a través de estos pagos y no pagos por parte del padre de sus hijos.
Más allá del logro legislativo de aprobar una iniciativa de estas características, lo verdaderamente importante es el beneficio que traerá como una herramienta para presionar y responsabilizar civilmente a los padres que están violentando los derechos de sus propios hijos.
