/ martes 30 de marzo de 2021

Grietas del sistema de seguridad

Aún no terminaba marzo, el llamado “mes de la mujer”, cuando un par de noticias azotaron a nuestro país. Las imágenes de las amigas de Wendy (16 años) cargando su féretro, como una exigencia de justicia y un grito desesperado de dolor. Asimismo, los noticieros y redes sociales digitales se inundaron de la terrible noticia de que a Victoria, mujer salvadoreña de 36 años, fue despojada de la vida a manos de la policía de Tulum, Quintana Roo.

Hace unos meses el mundo entero se estremeció con la muerte de George Floy, quien fue presa de la brutalidad policial -xenófoba y racista- estadounidense. En toda la nación hubo manifestaciones y estallamiento social. También recordamos que en Colombia se paralizó el país entero por la misma causa que Floyd, pues la policía asesinó por asfixia a un presunto delincuente. Hoy, el pueblo salvadoreño y mexicano deberíamos de hacer lo mismo. Exigir justicia y un alto a la impunidad.

Según datos del INEGI, en 2016, el 75 % de las casi 65 mil personas encuestadas, afirmó haber sufrido algún tipo de violencia psicológica durante el arresto, incluidos los “tehuacanazos” y amagos de asfixia. Un 63 % acusaron haber sido víctimas de agresiones físicas, golpes, patadas o descargas eléctricas. Es decir, 7 de cada 10 personas detenidas en el país recibieron amenazas o agresiones por parte de los cuerpos policiales. Y, evidentemente, si la detenida es mujer, además de los agravios dichos, son víctimas de abusos sexuales.

Sin atreverme siquiera a justificar en lo más mínimo estas acciones, es necesario ahondar en las precariedades en las todas las policías municipales desempeñan su labor. Paupérrima infraestructura institucional, falta de armamento adecuado, equipos, uniformes, etc.; baja o nula capacitación permanente, mucho menos en derechos humanos; precariedad salarial y falta de autonomía política (cambian de “jefe” cada tres años); contraincentivos para realizar su trabajo, ya sea monetario o en escalafón; falta de reconocimiento social y un contexto de violencia desatada. Repito, por ningún motivo se justifican los actos de brutalidad, pero sí se les debería de dotar de mayor y mejores herramientas.

El Estado tiene pendiente una gran reforma al sistema de seguridad en nuestro país. Se tendría que reflexionar acerca del cambio en el modelo llevado hasta la actualidad, el mismo que recoge resultados altamente reprobatorios. Debemos de cambiar el rumbo hacia mayor inteligencia en seguridad y no solo tener policías reactivos y punitivos. No podemos permitir que 11 mujeres sean asesinadas diariamente. No podemos permitir que los que deberían de protegernos sean los que nos matan.

Aún no terminaba marzo, el llamado “mes de la mujer”, cuando un par de noticias azotaron a nuestro país. Las imágenes de las amigas de Wendy (16 años) cargando su féretro, como una exigencia de justicia y un grito desesperado de dolor. Asimismo, los noticieros y redes sociales digitales se inundaron de la terrible noticia de que a Victoria, mujer salvadoreña de 36 años, fue despojada de la vida a manos de la policía de Tulum, Quintana Roo.

Hace unos meses el mundo entero se estremeció con la muerte de George Floy, quien fue presa de la brutalidad policial -xenófoba y racista- estadounidense. En toda la nación hubo manifestaciones y estallamiento social. También recordamos que en Colombia se paralizó el país entero por la misma causa que Floyd, pues la policía asesinó por asfixia a un presunto delincuente. Hoy, el pueblo salvadoreño y mexicano deberíamos de hacer lo mismo. Exigir justicia y un alto a la impunidad.

Según datos del INEGI, en 2016, el 75 % de las casi 65 mil personas encuestadas, afirmó haber sufrido algún tipo de violencia psicológica durante el arresto, incluidos los “tehuacanazos” y amagos de asfixia. Un 63 % acusaron haber sido víctimas de agresiones físicas, golpes, patadas o descargas eléctricas. Es decir, 7 de cada 10 personas detenidas en el país recibieron amenazas o agresiones por parte de los cuerpos policiales. Y, evidentemente, si la detenida es mujer, además de los agravios dichos, son víctimas de abusos sexuales.

Sin atreverme siquiera a justificar en lo más mínimo estas acciones, es necesario ahondar en las precariedades en las todas las policías municipales desempeñan su labor. Paupérrima infraestructura institucional, falta de armamento adecuado, equipos, uniformes, etc.; baja o nula capacitación permanente, mucho menos en derechos humanos; precariedad salarial y falta de autonomía política (cambian de “jefe” cada tres años); contraincentivos para realizar su trabajo, ya sea monetario o en escalafón; falta de reconocimiento social y un contexto de violencia desatada. Repito, por ningún motivo se justifican los actos de brutalidad, pero sí se les debería de dotar de mayor y mejores herramientas.

El Estado tiene pendiente una gran reforma al sistema de seguridad en nuestro país. Se tendría que reflexionar acerca del cambio en el modelo llevado hasta la actualidad, el mismo que recoge resultados altamente reprobatorios. Debemos de cambiar el rumbo hacia mayor inteligencia en seguridad y no solo tener policías reactivos y punitivos. No podemos permitir que 11 mujeres sean asesinadas diariamente. No podemos permitir que los que deberían de protegernos sean los que nos matan.