Enrique Velázquez González

  / miércoles 10 de abril de 2019

Rescate financiero para el Ipejal

Los malos manejos y las inversiones corruptas que desde hace más de una década se han realizado a través del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal), hoy cobran factura. Las auditorías realizadas a esta institución demuestran que si no se realiza un cambio profundo en el manejo de sus finanzas en menos de 10 años estará en quiebra y la crisis la padecerán los trabajadores.

Las inversiones como las realizadas en las Villas Panamericanas y en Chalacatepec, así como las jubilaciones millonarias a ex funcionarios, las compras a sobreprecio, contratos fraudulentos y una larga lista de situaciones, han ocasionado un déficit de 260 mil millones de pesos que sin duda hacen pensar en la insostenibilidad y fragilidad financiera en la que hoy se encuentra el Ipejal.

Hace unos días el gobernador Enrique Alfaro presentó el plan para rescatar al Ipejal que contempla los cobros pendientes a los municipios, la investigación a las denuncias por corrupción y malos manejos, así como la venta de las Villas Panamericanas para recuperar la inversión.

Sin duda, es urgente poner en marcha este plan propuesto por el Gobernador para que el saneamiento financiero a este instituto reduzca las posibilidades de caer en quiebra en un corto plazo. Además de esto, será necesario destinar el dinero de los trabajadores a inversiones que no representen riesgo alguno y que coadyuven a la recuperación del déficit en el que hoy se encuentra. De la misma manera, es impostergable retomar la discusión de la iniciativa que en enero de este año presenté en el Congreso del Estado, la cual busca reformar la Ley del Instituto de Pensiones para que no se permitan las jubilaciones con montos por encima de los 90 mil pesos mensuales y otra serie de ajustes que ayuden a eliminar prácticas de privilegio entre los altos funcionarios y se contribuya al rescate financiero.

Sabemos que este saneamiento es sólo el principio de una necesaria reestructuración a todo el sistema de pensiones que hasta el día de hoy ha permitido corrupción, desfalcos y un sinnúmero de irregularidades que tienen al borde de la quiebra al instituto que debería garantizar el futuro de miles de trabajadores del estado. Este proceso no deberá detenerse hasta regresarle la viabilidad y estabilidad financiera, y que la certidumbre de recibir una pensión en su retiro sea posible para todos los trabajadores.

Los malos manejos y las inversiones corruptas que desde hace más de una década se han realizado a través del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal), hoy cobran factura. Las auditorías realizadas a esta institución demuestran que si no se realiza un cambio profundo en el manejo de sus finanzas en menos de 10 años estará en quiebra y la crisis la padecerán los trabajadores.

Las inversiones como las realizadas en las Villas Panamericanas y en Chalacatepec, así como las jubilaciones millonarias a ex funcionarios, las compras a sobreprecio, contratos fraudulentos y una larga lista de situaciones, han ocasionado un déficit de 260 mil millones de pesos que sin duda hacen pensar en la insostenibilidad y fragilidad financiera en la que hoy se encuentra el Ipejal.

Hace unos días el gobernador Enrique Alfaro presentó el plan para rescatar al Ipejal que contempla los cobros pendientes a los municipios, la investigación a las denuncias por corrupción y malos manejos, así como la venta de las Villas Panamericanas para recuperar la inversión.

Sin duda, es urgente poner en marcha este plan propuesto por el Gobernador para que el saneamiento financiero a este instituto reduzca las posibilidades de caer en quiebra en un corto plazo. Además de esto, será necesario destinar el dinero de los trabajadores a inversiones que no representen riesgo alguno y que coadyuven a la recuperación del déficit en el que hoy se encuentra. De la misma manera, es impostergable retomar la discusión de la iniciativa que en enero de este año presenté en el Congreso del Estado, la cual busca reformar la Ley del Instituto de Pensiones para que no se permitan las jubilaciones con montos por encima de los 90 mil pesos mensuales y otra serie de ajustes que ayuden a eliminar prácticas de privilegio entre los altos funcionarios y se contribuya al rescate financiero.

Sabemos que este saneamiento es sólo el principio de una necesaria reestructuración a todo el sistema de pensiones que hasta el día de hoy ha permitido corrupción, desfalcos y un sinnúmero de irregularidades que tienen al borde de la quiebra al instituto que debería garantizar el futuro de miles de trabajadores del estado. Este proceso no deberá detenerse hasta regresarle la viabilidad y estabilidad financiera, y que la certidumbre de recibir una pensión en su retiro sea posible para todos los trabajadores.

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