En los últimos días se han retomado las conversaciones acerca del poder, las estrategias para su acceso, sus vacíos, su ejercicio, sus matices y hasta de sus sótanos. Esto es un paso importante para tener una ciudadanía informada, exigente y politizada, sin embargo, cuando nos enfocamos en el tema de seguridad y los vacíos de poder que deja el Estado mexicano esta charla se torna preocupante.
La situación que se vive en todo el territorio nacional rebasa la visión impuesta por colores partidistas y por los actores políticos en turno. El marco institucional del Estado no está fincado en cimientos sólidos y se ha venido resquebrajando desde hace décadas, los tres Poderes en la cual está sostenido el gobierno mexicano tiene los suficientes agujeros para confundirse con un queso gruyere. Se puede observar un Poder Judicial opaco y corrupto, un órgano legislativo en la persecución constante de ventajas electorales y a un Ejecutivo que se maneja a contentillo diario del presidente, sin los suficientes conocimientos técnicos y sin margen de maniobra, ni siquiera de opinión.
Este agrietamiento en las instituciones mexicanas va dejando huecos cada vez más profundos que son ocupados por los poderes fácticos, incluso aunque sean ilegítimos o ilegales. Los sucesos ocurridos en Colima y en la Ciudad de México con la muerte del juez federal Uriel Villegas y el atentado al secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, respectivamente, han puesto sobre la mesa el debate urgente acerca de la rectoría del Estado.
Retomar de manera profunda la discusión del Estado y del ejercicio del poder ya no puede ni debe de esperar. Creer que los ciclos en la política nos traerán una nueva generación de personajes como Manuel Camacho, Porfirio Muñoz Ledo, Rafael González Pimienta, entre otros, sería irresponsable para los que hoy nos dedicamos al quehacer público. Tenemos que ser conscientes de los cargos que ostentamos y no olvidar el objetivo principal de la política, generar las mejores condiciones posibles para todas las personas, todos los días.
Los hechos en materia de inseguridad ya mencionados o la elección de la y los jueces en nuestro estado o la gestión ante la pandemia de la Covid-19 en nuestro país o las campañas sucias y de desprestigio en tiempos electorales, son acciones que acentúan la decadencia del Estado mexicano y no lo debemos permitir. Tenemos que enfocar todos nuestros esfuerzos a una nueva conceptualización del Estado, a su fortalecimiento, su utilidad y beneficios para la ciudadanía.
Es momento de generar un nuevo pacto social entre todas y todos los mexicanos, donde participen activamente la iniciativa privada, organismos de la sociedad civil, la academia, los partidos políticos, la sociedad en general y, por supuesto, el gobierno para poder crear las sinergias necesarias y sacar al país del bache en el que se encuentra. Nos ha llegado el tiempo de repensar al Estado y a la política.
