Hasta hace muy poco, la participación ciudadana en México había estado ceñida a votar por nuestros representantes cada 3 y 6 años. Tenemos apenas más de una década que figuras como la consulta popular se incorporaron como un derecho al que las y los mexicanos tenemos acceso, esta y el resto de los mecanismos que hoy se encuentran en nuestra Constitución, sin duda permiten que cualquier persona pueda incidir en el debate público, político y en las decisiones de las instituciones. Sin embargo, en lo que va de este sexenio, nuestro presidente ha propuesto llevar a consulta popular situaciones que, aunque no están prohibidas por la ley, no deberían someterse a consulta o han incluido contenido tendencioso.
Desde hace una semana el tema del juicio a expresidentes por corrupción y otros delitos se encuentra en la palestra pública debido a la propuesta de López Obrador de someterlo a consulta popular. Estoy de acuerdo con que cualquier persona, independientemente del cargo que haya tenido, si actuó de manera ilícita debe cumplir con la justicia, lo que no comparto es que la justicia deba de someterse a votación.
Sabemos que la bandera del gobierno de la 4T es el discurso anticorrupción, lo hemos escuchado hasta el cansancio desde la campaña, no obstante, pocas son las acciones que sostienen este discurso, ahora mucho menos con lo ocurrido con Pío. Lastimosamente, la realidad nos dice que no hemos dejado de ser un país corrupto, cuantimenos hemos logrado disminuir índices de impunidad y, al contrario de lo que el presidente -y quienes le creen-, someter a consulta popular un juicio como el que proponen vulnera más nuestro Estado de Derecho. Además, el hecho de que esta consulta popular tenga que llevarse a cabo el día de las elecciones de 2021, agudiza con mayor profundidad que, a todas luces, esta propuesta esté siendo motivada por intereses políticos y no por alcanzar la justicia y condenar los actos que le hicieron tanto daño a nuestro país.
La Constitución es muy clara, una consulta popular solo será vinculante si la participación total es al menos del 40% de las y los inscritos en la lista nominal, un porcentaje que podría apenas alcanzarse si consideramos que se trata de una elección intermedia en la que, normalmente, participa poco más de esta cifra. Más allá de si la pregunta que hasta hoy se está proponiendo para realizar la consulta continúa siendo tendenciosa o si la consulta misma es una estrategia para que las personas salgan votar -por MORENA- en el proceso electoral del próximo año, someter este tema a consulta nos arrebata el derecho a una firme aplicación de la ley y de la propia justicia. Los derechos y la justicia se deben otorgar sin miramientos, no se someten a consultas.
* Diputado Local.
