Luis Octavio Cotero Bernal

  / domingo 14 de julio de 2019

Irresponsable, cómplice, evasivo y cobarde

Así es amigo lector, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos Jalisco, aparentemente instituida como la defensora de todos los Derechos Humanos, -valga la redundancia-, reconocidos y establecidos por nuestra Constitución, tratados Internacionales suscritos por el Estado Mexicano, leyes secundarias, etcétera, lejos de distinguirse como un referente social y jurídico en nuestra entidad, en defensa de nuestros Derechos Humanos, más bien se destaca por ser complaciente, evasiva, omisiva, tolerante, ante toda injusticia, abuso y arbitrariedad que a diario cometen nuestras autoridades, de los tres niveles de Gobierno.

Pero lo que ahora motiva este artículo, es en relación, a los amparos promovidos por las personas que integran las “Lista de Reserva de Jueces”, -emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, en el año de 2015 dos mil quince, posterior al resultado final del concurso de oposición abierto, debidamente aprobada por la Comisión de Carrera Judicial, Adscripción y Evaluación del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco-, ello como consecuencia de que dicho Consejo decidió revocar la “Lista de Reserva”, sin que para el caso y, en defensa de nuestra sociedad, ya sea desde la visión de los justiciables, o bien, de los profesionistas del derecho, la entidad protectora, está siendo condescendiente, toda vez que, no hace o deja de hacer lo que le corresponde, ya que a la fecha, debería de haber comparecido ante los Juzgados de Distrito en su carácter de Tercero Interesado, para evitar legalmente que subsistan las “Listas de Reserva”.

Ya que por un lado, existen pseudo abogados que integran dichas listas y por otro, el consejo tiene el deber de cerciorarse que toda persona que vaya a ocupar el cargo de Juez, sea la mejor preparada, que este actualizada, que sea proba, es decir, que reúna todos y cada uno de los requisitos establecidos por la ley, para ser Titular de Juzgado, ello debiendo ser acreditado en el momento en que conste la vacante y no cuatro años antes de que exista, ya que ello además de contrario, no es equitativo ni justo para la sociedad en general, lo que es más que suficiente para que nuestro Organismo Protector Estatal, ya haya comparecido a dichos Amparos hacer valer cuestiones de derecho para evitar se comentan violaciones a los Derechos humanos como consecuencia de que llegara a ser Juez alguna persona que no reúna los requisitos en la actualidad.

Pero además, en especial para nuestro gremio de abogados, se le violan sus Derechos Humanos, a todo aquel que reúna los requisitos para ser Juez, porque en la próxima vacante para ser Titular de un Órgano Jurisdiccional del Estado, pues se le privaría del derecho a que se le tomara en cuenta, ya que ni tan siquiera existiría un concurso de oposición abierto a efecto de que acudiera y se le tomara en cuanta en un plano de igualdad, violándose de tal modo sus Derechos Humanos.

Creo que es hora que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, deje de ser lo que ha sido hasta ahora y, ya se ponga a hacer lo que le concierne y compete para que su existencia se justifique, ya que de seguir como lo ha venido haciendo no tiene razón su existencia, ya basta de ser tan complacientes, permisivos, irresponsables e ignorantes, no quisiera pensar que su actitud es de mala fe ni mucho menos, que no les alcanza la inteligencia para dilucidar el tema que hoy se trata por pertenecer al derecho o interés Difuso, Colectivo e individual homogéneo.

En otro contexto, pues ante lo evidente, tampoco se atiende ni oportuna ni suficientemente los temas de la procuración y la administración de la justicia, no obstante lo indiscutible de que, al margen del talento y la preparación de quienes están al frente de dichas instituciones, pero tampoco tienen lo necesario para desempeñar su función, a grado tal que ni siquiera el papel en donde escribir les es dotado lo suficiente, ya no digamos armas, capacitación, vehículos, gasolina, salario y seguros dignos, para quienes tendrían que exponer su vida y fuera verdad que iban a investigar tantos y tantos delitos que todos los días, a todas partes, por todas partes, se comenten, que no obstante que sean, entre los mismos delincuentes aún no está legislado que esto sea válido, como desde la administración pasada, se pretende institucionalizar y justificar, sobre todo, las muertes violentas. ¡Hasta cuando!


Profesor Investigador de la División de Estudios Jurídicos de la UdeG.

locb15@hotmail.com

Así es amigo lector, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos Jalisco, aparentemente instituida como la defensora de todos los Derechos Humanos, -valga la redundancia-, reconocidos y establecidos por nuestra Constitución, tratados Internacionales suscritos por el Estado Mexicano, leyes secundarias, etcétera, lejos de distinguirse como un referente social y jurídico en nuestra entidad, en defensa de nuestros Derechos Humanos, más bien se destaca por ser complaciente, evasiva, omisiva, tolerante, ante toda injusticia, abuso y arbitrariedad que a diario cometen nuestras autoridades, de los tres niveles de Gobierno.

Pero lo que ahora motiva este artículo, es en relación, a los amparos promovidos por las personas que integran las “Lista de Reserva de Jueces”, -emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, en el año de 2015 dos mil quince, posterior al resultado final del concurso de oposición abierto, debidamente aprobada por la Comisión de Carrera Judicial, Adscripción y Evaluación del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco-, ello como consecuencia de que dicho Consejo decidió revocar la “Lista de Reserva”, sin que para el caso y, en defensa de nuestra sociedad, ya sea desde la visión de los justiciables, o bien, de los profesionistas del derecho, la entidad protectora, está siendo condescendiente, toda vez que, no hace o deja de hacer lo que le corresponde, ya que a la fecha, debería de haber comparecido ante los Juzgados de Distrito en su carácter de Tercero Interesado, para evitar legalmente que subsistan las “Listas de Reserva”.

Ya que por un lado, existen pseudo abogados que integran dichas listas y por otro, el consejo tiene el deber de cerciorarse que toda persona que vaya a ocupar el cargo de Juez, sea la mejor preparada, que este actualizada, que sea proba, es decir, que reúna todos y cada uno de los requisitos establecidos por la ley, para ser Titular de Juzgado, ello debiendo ser acreditado en el momento en que conste la vacante y no cuatro años antes de que exista, ya que ello además de contrario, no es equitativo ni justo para la sociedad en general, lo que es más que suficiente para que nuestro Organismo Protector Estatal, ya haya comparecido a dichos Amparos hacer valer cuestiones de derecho para evitar se comentan violaciones a los Derechos humanos como consecuencia de que llegara a ser Juez alguna persona que no reúna los requisitos en la actualidad.

Pero además, en especial para nuestro gremio de abogados, se le violan sus Derechos Humanos, a todo aquel que reúna los requisitos para ser Juez, porque en la próxima vacante para ser Titular de un Órgano Jurisdiccional del Estado, pues se le privaría del derecho a que se le tomara en cuenta, ya que ni tan siquiera existiría un concurso de oposición abierto a efecto de que acudiera y se le tomara en cuanta en un plano de igualdad, violándose de tal modo sus Derechos Humanos.

Creo que es hora que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, deje de ser lo que ha sido hasta ahora y, ya se ponga a hacer lo que le concierne y compete para que su existencia se justifique, ya que de seguir como lo ha venido haciendo no tiene razón su existencia, ya basta de ser tan complacientes, permisivos, irresponsables e ignorantes, no quisiera pensar que su actitud es de mala fe ni mucho menos, que no les alcanza la inteligencia para dilucidar el tema que hoy se trata por pertenecer al derecho o interés Difuso, Colectivo e individual homogéneo.

En otro contexto, pues ante lo evidente, tampoco se atiende ni oportuna ni suficientemente los temas de la procuración y la administración de la justicia, no obstante lo indiscutible de que, al margen del talento y la preparación de quienes están al frente de dichas instituciones, pero tampoco tienen lo necesario para desempeñar su función, a grado tal que ni siquiera el papel en donde escribir les es dotado lo suficiente, ya no digamos armas, capacitación, vehículos, gasolina, salario y seguros dignos, para quienes tendrían que exponer su vida y fuera verdad que iban a investigar tantos y tantos delitos que todos los días, a todas partes, por todas partes, se comenten, que no obstante que sean, entre los mismos delincuentes aún no está legislado que esto sea válido, como desde la administración pasada, se pretende institucionalizar y justificar, sobre todo, las muertes violentas. ¡Hasta cuando!


Profesor Investigador de la División de Estudios Jurídicos de la UdeG.

locb15@hotmail.com

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