/ martes 19 de mayo de 2020

El fracaso de la Guardia Nacional

Tal como se pronosticó, la Guardia Nacional comienza a ser un fracaso y la promesa de no militarizar al país queda ya lejana. Hace poco más de un año, cuando se aprobó su creación diferentes voces advirtieron de sus consecuencias, se señalaron las debilidades detectadas, los riesgos en materia de la propia seguridad pública y hasta de un retroceso democrático en las voces más fatalistas.

Para Andrés Manuel, los resultados de 12 años con el ejército encargándose de la seguridad pública no fueron suficiente evidencia para tomar otro camino porque seguramente él tenía -otros- datos. Apostó por crear algo que no tenía ni pies ni cabeza; nos dijeron que sería una corporación formada por policías y militares, en el que los primeros se convertirían como en los segundos: rectos, incorruptibles, porque ellos son pueblo bueno uniformado. Nos dijeron que sería también una corporación con mando mixto y se nos dijo que esa era la única salida posible a las lamentables estadísticas de inseguridad y violencia que padecemos desde hace más de una década. Hoy vemos que no es así.

El 2019 fue el año más violento en la historia de nuestro país. Y así cada mes, cada trimestre, cada periodo que se compara con el anterior vemos como el incremento a la violencia no se detiene. Esta semana el gobierno, a través de un decreto en el Diario Oficial de la Federación, volvió a consentir que las Fuerzas Armadas se encarguen de la seguridad pública hasta marzo del 2024, que sean una estrategia complementaria a la Guardia Nacional en la lucha contra el crimen y el narcotráfico, perpetuando un estado de guerra en el que se apuesta a la reacción y no a la prevención.

Ante el decreto del pasado 11 de mayo el respeto a los derechos humanos de todas las personas vuelve a quedar pendiendo de un hilo. Conocemos las denuncias por tortura, extorsión, etc., cometidas por elementos del ejército a cargo de la seguridad los sexenios anteriores. El compromiso de regresarnos a la paz no está siendo cumplido, el compromiso de no militarizar la seguridad pública tampoco y mientras los recursos y la estrategia no cambien de rumbo no podremos conseguirlo ni en un mediano o largo plazo.

Sigo firme en mis convicciones respecto al combate a la violencia e inseguridad en nuestro país. Se debe adoptar una estrategia integral, que sí, por supuesto, contemple la reacción y contención necesaria ante la tragedia que sufrimos día con día, pero que también comience a fortalecer a las corporaciones civiles, a dotarlas de capacidades para que podamos vivir sin militares en las calles; además debe contemplar también una estrategia de legalización de drogas que coadyuve regulando el mercado del narcotráfico la principal causa del crimen organizado.

Sin duda esta decisión continuará lastimando a las y los mexicanos y también a la imagen de las propias Fuerzas Armadas al hacer uso de sus técnicas y entrenamiento militar para atender tareas de seguridad pública.

Tal como se pronosticó, la Guardia Nacional comienza a ser un fracaso y la promesa de no militarizar al país queda ya lejana. Hace poco más de un año, cuando se aprobó su creación diferentes voces advirtieron de sus consecuencias, se señalaron las debilidades detectadas, los riesgos en materia de la propia seguridad pública y hasta de un retroceso democrático en las voces más fatalistas.

Para Andrés Manuel, los resultados de 12 años con el ejército encargándose de la seguridad pública no fueron suficiente evidencia para tomar otro camino porque seguramente él tenía -otros- datos. Apostó por crear algo que no tenía ni pies ni cabeza; nos dijeron que sería una corporación formada por policías y militares, en el que los primeros se convertirían como en los segundos: rectos, incorruptibles, porque ellos son pueblo bueno uniformado. Nos dijeron que sería también una corporación con mando mixto y se nos dijo que esa era la única salida posible a las lamentables estadísticas de inseguridad y violencia que padecemos desde hace más de una década. Hoy vemos que no es así.

El 2019 fue el año más violento en la historia de nuestro país. Y así cada mes, cada trimestre, cada periodo que se compara con el anterior vemos como el incremento a la violencia no se detiene. Esta semana el gobierno, a través de un decreto en el Diario Oficial de la Federación, volvió a consentir que las Fuerzas Armadas se encarguen de la seguridad pública hasta marzo del 2024, que sean una estrategia complementaria a la Guardia Nacional en la lucha contra el crimen y el narcotráfico, perpetuando un estado de guerra en el que se apuesta a la reacción y no a la prevención.

Ante el decreto del pasado 11 de mayo el respeto a los derechos humanos de todas las personas vuelve a quedar pendiendo de un hilo. Conocemos las denuncias por tortura, extorsión, etc., cometidas por elementos del ejército a cargo de la seguridad los sexenios anteriores. El compromiso de regresarnos a la paz no está siendo cumplido, el compromiso de no militarizar la seguridad pública tampoco y mientras los recursos y la estrategia no cambien de rumbo no podremos conseguirlo ni en un mediano o largo plazo.

Sigo firme en mis convicciones respecto al combate a la violencia e inseguridad en nuestro país. Se debe adoptar una estrategia integral, que sí, por supuesto, contemple la reacción y contención necesaria ante la tragedia que sufrimos día con día, pero que también comience a fortalecer a las corporaciones civiles, a dotarlas de capacidades para que podamos vivir sin militares en las calles; además debe contemplar también una estrategia de legalización de drogas que coadyuve regulando el mercado del narcotráfico la principal causa del crimen organizado.

Sin duda esta decisión continuará lastimando a las y los mexicanos y también a la imagen de las propias Fuerzas Armadas al hacer uso de sus técnicas y entrenamiento militar para atender tareas de seguridad pública.

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