La pobreza y la desigualdad son de los principales problemas que afectan a millones de mexicanos en nuestro país. Siempre he sido partidario de las políticas redistributivas, de las políticas sociales que mejoren las condiciones, pero sobre todo las oportunidades de aquellos que se encuentran en completa vulnerabilidad. También he expresado a lo largo de mi trayectoria la importancia del acceso a la educación para impulsar el desarrollo de las familias que menos tienen. En este sentido, he trabajado una iniciativa para reformar la Ley de Desarrollo Social para el Estado de Jalisco.
El objetivo de ésta es la de establecer una sanción cuando los hijos o pupilos falten a la escuela durante un periodo prolongado sin causa justificada; lo que se busca es que los padres o madres de familia se obliguen a inscribir a sus hijos en el grado escolar que les corresponde y que las niñas, niños y jóvenes asistan todos los días hasta terminar al menos el nivel medio superior. La sanción que proponemos incorporar a esta Ley es la restricción de los programas sociales con los que la familia cuenta hasta que el niño o niña se regularice en su vida escolar; esto a través de informes periódicos de la Secretaría de Educación sobre la deserción en las escuelas, y si se detecta que las familias de esos alumnos que dejaron de asistir pertenecen a un programa social, éste será suspendido a través de la Secretaría de Desarrollo Social.
Muchas de las ocasiones en las que el menor no asiste a la escuela es porque los padres lo ven como parte de la fuerza laboral para ayudar en el sustento económico, sin embargo, los programas sociales buscan que la insuficiencia de los recursos no sea motivo para no enviar a los niños a la escuela o acceder a otras oportunidades; su finalidad, es brindar posibilidades para que quien nace en un hogar con carestías no sea condenado a vivir de esa manera toda su vida.
No obstante, aun recibiendo estos apoyos, muchos jaliscienses deciden no enviar a sus hijos a la escuela y es lo que buscamos revertir. El acceso a la educación es un derecho de los menores de edad, pero es aún mayor la responsabilidad y obligación de los padres y el Estado de otorgar esas oportunidades.
