La discriminación, ese odioso mal que se expresa habitualmente en maltrato y abusos contra algunas minorías, excluye y divide lastimosamente a las personas. Su principal "logro" es y ha sido siempre la desintegración de los pueblos y de las familias, la ruptura del tejido social y el odio irracional entre los grupos sociales.
Julieta Fierro, luego de afirmar que este mal social “fortalece la intolerancia a la diversidad y facilita los abusos de autoridad”, define a la discriminación como “un cáncer para la democracia”.
Por la gravedad del problema, y por la forma en que éste afecta a las personas y grupos que son víctimas de esta enfermedad social, la atención a la discriminación debería ser prioridad para la clase política mexicana, quien está obligada a crear políticas públicas, leyes y regulaciones que contribuyan a eliminar las desigualdades existentes.
La discriminación excluye a las personas por pertenecer a una etnia, a una religión o a determinados grupos que, por ciertas causas y motivos, no gozan de la aceptación de las mayorías excluyentes.
En el caso específico de México, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) tiene identificados a los siguientes 11 grupos en situación de discriminación: “personas adultas mayores, afrodescendientes, fieles religiosos, etnias, migrantes y refugiados, mujeres, niñas y niños, personas con discapacidad, personas con VIH, jóvenes y personas con preferencia u orientación sexual distinta a la heterosexual”.
De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS 2017), en México el 23.8% de los fieles de una religión distinta a la preponderante señala que les ha sido negado alguno de los siguientes derechos: atención médica, servicios en alguna oficina de gobierno, el ingreso o permanencia en algún establecimiento comercial o institución financiera, recibir apoyos de programas sociales, la posibilidad de estudiar o de continuar con sus estudios, la oportunidad de un empleo o de un ascenso, y el acceso a un crédito de vivienda, préstamo o tarjeta.
Los anteriores números son altamente preocupantes, aunque mi opinión es que no reflejan la realidad del país en materia de discriminación religiosa. Estoy seguro de que en la próxima encuesta ENADIS, los números en la materia se incrementarán considerablemente, si es que se toman en cuenta los recientes casos de discriminación que los miembros de La Luz del Mundo han denunciado ante las instancias que se ocupan del tema y de la defensa de los derechos humanos.
Lo digo porque de todos es conocido que la discriminación contra los fieles de esta Iglesia, a partir de la detención del apóstol Naasón Joaquín García en California, Estados Unidos, registró un alarmante aumento, evidenciando que en México la lucha por la igualdad real no ha sido lo suficientemente fructífera como se esperaba.
A las personas y grupos que discriminan o confieren un trato desfavorable o de desprecio inmerecido a determinadas personas o grupos, poco les importan lo que establecen las leyes que prohíben la discriminación o lo que dicen los tratados internacionales tendientes a eliminar este penoso mal en cualquiera de sus manifestaciones.
Corresponde a los profesionales de los medios de comunicación realizar trabajos periodísticos encaminados a que la sociedad respete en todo momento y circunstancia las leyes y tratados antes mencionados, así como la diversidad en cualquiera de sus manifestaciones.
Lamentablemente, diversos medios de comunicación, en lugar de combatir la discriminación desde su trinchera, contribuyen a alimentarla con textos que deforman la realidad de algunas instituciones. Hay periodistas que, en vez de contribuir a la construir de una ciudadanía respetuosa de la diversidad, incorporan en sus notas periodísticas palabras que lastiman la dignidad de las personas, su identidad y sus valores.
Todo periodista tiene el deber de cuidar el uso de términos y conceptos con una perspectiva de derechos humanos; debe conocer, además, el marco jurídico sobre el derecho a la no discriminación. A lo largo del proceso de investigación, el informador deberá consultar fuentes diversas, cuestionarlas y contextualizarlas. No se vale dar crédito a una fuente, y mucho menos si ésta es anónima.
Ningún periodista, llámese como se llame, puede convertirse en juez; lo suyo es buscar la verdad, no el enjuiciamiento. Javier Darío Restrepo, maestro en ética periodística, señala que el periodista “se debe limitar a registrar los hechos y a hacerlos entender. Las suposiciones sobre causas y autorías carecen de todo valor informativo, exponen al periodista a convertirse en difamador o autor de imputaciones precipitadas y falsas y hacen del periodismo un obstáculo para que sea real el derecho ciudadano a una justicia eficaz”.
Restrepo, quien es catedrático de la Universidad de los Andes y conferencista en temas de comunicación social, añade sobre este importante tema: “Es un deber [del periodista] sustentar su investigación en fuente confiables, testimonios, y verificar esos datos; esas pruebas son su “denuncia”.
Lamentablemente la impunidad es mucha cuando un medio de comunicación comete excesos mediáticos que terminan perjudicando a millones de personas. El problema es que, contra este tipo de faltas, las leyes siguen siendo hasta el día de hoy muy elásticas.
Twitter: @armayacastro
