A 200 años de existencia como estado soberano, las y los jaliscienses estamos en medio de una de las crisis más severas de nuestra historia. Cada día, en las calles, vemos cómo la violencia se apodera de las calles sin que nadie meta las manos. Y a pesar de un esfuerzo de comunicación faraónico para intentar esconder la realidad, Alfaro miente, los datos no.
Pensemos, por ejemplo, en la tasa de homicidios, que es absolutamente escalofriante: 29 homicidios por cada 100,000 habitantes, superando ampliamente el promedio mundial. Dimensionemos esta cifra: es equivalente a casi 2,500 homicidios anuales; o lo que es lo mismo, casi 7 homicidios por día en todo el estado. Siete vidas arrebatadas que no volverán.
Y esto es sólo un botón para muestra. Durante el periodo de Enrique Alfaro, los delitos comunes y homicidios se triplicaron en comparación con sus predecesores, que tuvieron, de por sí, los sexenios más violentos de la historia de nuestro estado hasta ese momento. Pensamos que el PRIAN era malo, pero resultó que el desgobierno naranja fue todavía peor, y más aún si pensamos en todos los delitos que rompen el tejido social; porque también estamos inmersos en una crisis de desapariciones. Desde 2018, y hasta el año pasado, se han registrado 6,419 de ellas en Jalisco, y ningún indicio sobre muchas personas que, sin deberla ni temerla, son un recuerdo y una herida en el costado para sus familias.
La falta de estrategias efectivas y políticas de prevención por parte del gobierno estatal ha contribuido al deterioro de la seguridad en Jalisco. La indolencia del Gobernador Enrique Alfaro y su "desgobierno naranja" han permitido que la violencia atraviese a nuestra sociedad en todos los ámbitos y en todos los sectores, incluyendo a la economía, que, detrás de una máscara de crecimiento en los indicadores macro, está precarizando cada vez más a los hogares.
Aunque el estado ha logrado crear 80,000 empleos por año, en buena medida relacionados al rebote económico tras la pandemia del COVID-19, hay una realidad preocupante: los empleos están cada vez peor pagados, a pesar de que las y los jaliscienses están mejor educados y capacitados para el trabajo que nunca en su historia. A medida que la formalidad laboral ha aumentado, pasando del 47% al 53% de los puestos de trabajo, los salarios han disminuido. El segmento de aquellos que perciben hasta un salario mínimo ha aumentado del 10.3% a comienzos de 2020 al 22.3% en la actualidad. Esta situación refleja una creciente brecha salarial y una precarización de los ingresos de los trabajadores.
Todos estos factores se suman y se superponen como ingredientes de un estallido social, y falta uno igual o más importante por su peso y su fuerza: la violencia y la desigualdad que continúan siendo un obstáculo para las mujeres. El estado ha experimentado un recrudecimiento de los casos de delitos por violencia de género. Según los datos fríos, ha habido 35 feminicidios, 451 homicidios con víctimas mujeres (entre dolosos y culposos), más de cinco mil víctimas femeninas de lesiones, más de 15 mil casos de violencia familiar. Esto contribuye a hacer que el entorno sea cada vez más hostil, sin necesidad de entrar a todos los golpes atestados en contra de los derechos sociales y políticos de la mujer, muy particularmente la perniciosa reforma aprobada recientemente en el Congreso del Estado.
En el contrato social, las autoridades reciben nuestro apoyo a cambio de su responsabilidad en la protección de la seguridad de los ciudadanos, en el impulso de un desarrollo económico inclusivo y en la erradicación de la violencia de género, entre muchos otros factores. La sociedad jalisciense merece vivir en un entorno seguro, próspero y equitativo, y para ello, es imperativo que las autoridades asuman la responsabilidad y tomen acciones concretas. Sabemos que no lo harán, porque hasta ahora, parece que las necesidades del estado, incluso las más básicas, les quedan muy grandes. No podemos permitir que nuestros derechos se sacrifiquen en el altar de una aspiración presidencial que resultó, como todo lo que emprende este gobierno, un fracaso de dimensiones colosales; estamos muy a tiempo de enderezar el rumbo y cambiar la manera de gobernar.
En este momento de nuestra historia, con miras al segundo centenario de nuestro estado, necesitamos con urgencia un nuevo pacto social que involucre a todos los sectores de la sociedad en la búsqueda de soluciones. Es el momento de dar borrón y cuenta nueva para trabajar juntos en la transformación de Jalisco, que ya es el corazón y merece ser el orgullo de México.
