/ martes 23 de enero de 2024

El fin de la justicia


Las decisiones determinan el rumbo, más aún cuando se trata de poner en las manos de tres nuevos magistrados y cuatro magistradas del Poder Judicial el poder para definir los conflictos económicos, políticos y sociales de nuestro estado. Antes del 31 de enero el Congreso de Jalisco debe nombrar a las personas que tomarán decisiones de diversas materias que nos afectan a todos, como el uso de suelo y por ende el crecimiento de la ciudad. Que determinarán sobre casos millonarios de empresas y por lo tanto el control sobre grupos empresariales. Que también decidirán sobre la libertad de las personas, que como yo, desafiamos la corrupción del gobierno de Alfaro. El pasado 2 de enero lo dije y ahora lo reitero, la balanza de la justicia del Poder Judicial del Estado de Jalisco se sostiene desde Casa Jalisco y se inclina a billetazos. Reafirmando mi compromiso de defender la justicia, no podemos pasar por alto una decisión de esta magnitud. No permitamos que hagan del derecho a la justicia un negocio sin escrúpulos.

Porque… ¿Qué se necesita para ser magistrado? Ni la honestidad, ni la preparación para pasar el examen de conocimientos. Se requiere ser un subordinado del gobernador y del partido que hoy gobierna, Movimiento Ciudadano. El problema es que existe un gran grupo de jueces y juezas que no trabajan por la justicia y la verdad, sino que se prestan a los intereses del poder para asegurar su nombramiento. No sorprenderá que entre el selecto grupo de los que obtengan el nombramiento, algunos habrán seguido órdenes o prestado un servicio ilegal y corrupto a Casa Jalisco. Alexis, Iván y yo lo sabemos en carne propia.

El juez en materia penal, Felipe de Jesús Rivera Gallegos, quien actualmente lleva nuestro caso por el delito de “despojo” por la defensa del parque Resistencia Huentitán decidió registrarse como aspirante a magistrado. ¿Con qué cinismo aspira a tomar decisiones tan importantes para el estado cuando él mismo se maneja en la ilegalidad? En primer término, jamás debió de haber tomado nuestro caso debido al conflicto de interés que existe, por la denuncia que presenté en contra de su esposa en 2021, quien en ese entonces era síndica del ayuntamiento de Guadalajara. Denuncia que tiene su fundamento en la omisión de la síndica al no promover la cancelación del proyecto ICONIA por incumplimiento. Ante esta realidad, nuestro juicio se ha llevado en la ilegalidad desde el primer día, como lo ha determinado el Poder Judicial de la Federación, quien ha declarado ilegal varios actos resueltos por el juez Felipe de Jesús en nuestra contra. Entre ellos, la orden que giró para que a Iconia le restituyeran el predio el 18 de agosto de 2021; la prisión preventiva que nos impuso el 5 de enero de 2023 y la vinculación a proceso penal resuelta el 10 de enero del 2023. ¿De qué magnitud fue la presión desde Casa Jalisco para que el juez se prestara a realizar actos ilegales? ¿Cuánta debió de haber sido su negligencia como juzgador? ¿Cuántos casos más han manchado el actuar de quien ahora aspira a ser magistrado? No cabe duda de que Jalisco no está bien, ni en buenas manos.

El actuar del juez Felipe de Jesús es tan solo una muestra, un síntoma de la enfermedad que padece el sistema Judicial del Estado, la fiebre que genera la premisa de que en Jalisco “la justicia está a la venta”. Preocupa que se siga perpetuando el sistema que nos tiene con la peor tasa de la impunidad de homicidios del país: 99.97% según México Evalúa. Mismo sistema que libera delincuentes y que tiene a los servicios forenses colapsados de cuerpos sin identificar. Estos jueces, con sueldos de más de seis cifras, no tienen llenadera, piden moches y propinas para hacer su trabajo de forma deficiente, sin compromiso social, sin voltear a ver el dolor de las familias que nunca obtienen justicia. De nada sirvió para Jalisco que Movimiento Ciudadano tenga desde hace 9 años la mayoría en el congreso para promover la supuesta “reforma al poder judicial” anunciada por el gobernador, la cual quedó guardada en el mismo cajón de la refundación. La consecuencia es clara, atravesamos los peores niveles de impunidad a nivel nacional. De cara al siguiente proceso electoral resulta urgente proponer una reforma real al Poder Judicial, una que contemple los versos de el juez bribón: Juzgar es ciencia de rectos, no arte de enriquecer, que juzgar derechamente, fin de la justicia es.


Las decisiones determinan el rumbo, más aún cuando se trata de poner en las manos de tres nuevos magistrados y cuatro magistradas del Poder Judicial el poder para definir los conflictos económicos, políticos y sociales de nuestro estado. Antes del 31 de enero el Congreso de Jalisco debe nombrar a las personas que tomarán decisiones de diversas materias que nos afectan a todos, como el uso de suelo y por ende el crecimiento de la ciudad. Que determinarán sobre casos millonarios de empresas y por lo tanto el control sobre grupos empresariales. Que también decidirán sobre la libertad de las personas, que como yo, desafiamos la corrupción del gobierno de Alfaro. El pasado 2 de enero lo dije y ahora lo reitero, la balanza de la justicia del Poder Judicial del Estado de Jalisco se sostiene desde Casa Jalisco y se inclina a billetazos. Reafirmando mi compromiso de defender la justicia, no podemos pasar por alto una decisión de esta magnitud. No permitamos que hagan del derecho a la justicia un negocio sin escrúpulos.

Porque… ¿Qué se necesita para ser magistrado? Ni la honestidad, ni la preparación para pasar el examen de conocimientos. Se requiere ser un subordinado del gobernador y del partido que hoy gobierna, Movimiento Ciudadano. El problema es que existe un gran grupo de jueces y juezas que no trabajan por la justicia y la verdad, sino que se prestan a los intereses del poder para asegurar su nombramiento. No sorprenderá que entre el selecto grupo de los que obtengan el nombramiento, algunos habrán seguido órdenes o prestado un servicio ilegal y corrupto a Casa Jalisco. Alexis, Iván y yo lo sabemos en carne propia.

El juez en materia penal, Felipe de Jesús Rivera Gallegos, quien actualmente lleva nuestro caso por el delito de “despojo” por la defensa del parque Resistencia Huentitán decidió registrarse como aspirante a magistrado. ¿Con qué cinismo aspira a tomar decisiones tan importantes para el estado cuando él mismo se maneja en la ilegalidad? En primer término, jamás debió de haber tomado nuestro caso debido al conflicto de interés que existe, por la denuncia que presenté en contra de su esposa en 2021, quien en ese entonces era síndica del ayuntamiento de Guadalajara. Denuncia que tiene su fundamento en la omisión de la síndica al no promover la cancelación del proyecto ICONIA por incumplimiento. Ante esta realidad, nuestro juicio se ha llevado en la ilegalidad desde el primer día, como lo ha determinado el Poder Judicial de la Federación, quien ha declarado ilegal varios actos resueltos por el juez Felipe de Jesús en nuestra contra. Entre ellos, la orden que giró para que a Iconia le restituyeran el predio el 18 de agosto de 2021; la prisión preventiva que nos impuso el 5 de enero de 2023 y la vinculación a proceso penal resuelta el 10 de enero del 2023. ¿De qué magnitud fue la presión desde Casa Jalisco para que el juez se prestara a realizar actos ilegales? ¿Cuánta debió de haber sido su negligencia como juzgador? ¿Cuántos casos más han manchado el actuar de quien ahora aspira a ser magistrado? No cabe duda de que Jalisco no está bien, ni en buenas manos.

El actuar del juez Felipe de Jesús es tan solo una muestra, un síntoma de la enfermedad que padece el sistema Judicial del Estado, la fiebre que genera la premisa de que en Jalisco “la justicia está a la venta”. Preocupa que se siga perpetuando el sistema que nos tiene con la peor tasa de la impunidad de homicidios del país: 99.97% según México Evalúa. Mismo sistema que libera delincuentes y que tiene a los servicios forenses colapsados de cuerpos sin identificar. Estos jueces, con sueldos de más de seis cifras, no tienen llenadera, piden moches y propinas para hacer su trabajo de forma deficiente, sin compromiso social, sin voltear a ver el dolor de las familias que nunca obtienen justicia. De nada sirvió para Jalisco que Movimiento Ciudadano tenga desde hace 9 años la mayoría en el congreso para promover la supuesta “reforma al poder judicial” anunciada por el gobernador, la cual quedó guardada en el mismo cajón de la refundación. La consecuencia es clara, atravesamos los peores niveles de impunidad a nivel nacional. De cara al siguiente proceso electoral resulta urgente proponer una reforma real al Poder Judicial, una que contemple los versos de el juez bribón: Juzgar es ciencia de rectos, no arte de enriquecer, que juzgar derechamente, fin de la justicia es.