La herencia histórica en el imaginario colectivo de ser abogado para acceder a la política y a los cargos gubernamentales en México, sigue siendo un lastre al ser obvio que pocos diputados Locales y federales se involucran en el conocimiento técnico del desarrollo urbano de nuestras ciudades y en particular, de Jalisco, Estado de México y Nuevo León en los cuales se registra el mayor índice de marginalidad y viviendas abandonadas; algo así como un millón y medio.
La práctica recurrente en nuestro estado de la “afirmativa ficta” ante la incapacidad gubernamental de poner orden en el Área Metropolitana de Guadalajara y Puerto Vallarta, se demuestra en el deterioro que han generado abogados al servicio de los capitales especuladores, quienes han obtenido las mayores ganancias.
El ejemplo mas notable es la agudización de la desigualdad urbana entre la zona de alto valor urbano de Zapopan y la impresionante marginalidad en cientos de fraccionamientos de Tlajomulco. Cuya expresión bipolar también se encuentra presente en la zona privatizada de la costa de Puerto Vallarta y la Riviera Maya, frente a las regiones dormitorio de trabajadores al servicio del turismo en colonias marginadas.
De todas las formas degradantes de la ciudad, llama la atención la incapacidad oficial para meter en cintura a los impulsores de la renovada vocación de Jalisco, superado el pujante comercio de los años 70´s, para convertir al AMG en la capital de la especulación territorial con el 39% de su área radicada en cotos privados, que no son otra cosa que el monumento a la exclusión y la falsa sensación de seguridad en una ciudad diezmada por los asaltos a mano armada, el secuestro y las personas desaparecidas en medio del déficit de servicios urbanos entre los cuales el más importante nadie logra vincularlo a ningún cártel: la anarquía del crecimiento urbano.
Si nadie puede meter en cintura el desvencijado servicio de transporte colectivo no obstante ser el mayor instrumento para mover a la fuerza económica de esta enorme ciudad, menos habrá capacidad para meter en cintura al poder de los magistrados administrativos, que siguen haciendo, con inversión pública previa, más caro el suelo urbano que en ninguna otra parte del país y mientras los planes de desarrollo urbano siguen esperando tiempos propicios que llegarán –si llegan-, hasta el próximo año de acuerdo a lo reconocido por Patricia Fregoso Cruz, coordinadora de Gestión Integral de la Ciudad en el municipio de mayores utilidades para los especuladores, al señalar que “…es un trabajo quirúrgico de cuadra por cuadra y hectárea por hectárea; el tiempo no se ha desperdiciado, ya que se han ido integrando documentos que vienen muy bien fortalecidos”.
Si como suponemos los responsables de la planeación urbana, cuya formación profesional proviene de las universidades más prestigiadas de Jalisco, en los próximos tiempos deberán incorporarse temas como el Programa de Ordenamiento Ecológico y el impacto ambiental generados por Leyes que cumplan con el interés público, y que dejen de permitir que algunas familias se sigan apoderando de los territorios de alta plusvalía arrancados del derecho a la ciudad que tenemos todos quienes requerimos del traslado y el transporte eficiente, avenidas menos caóticas, banquetas para todos los peatones, seguridad pública sin excepción, agua potable garantizada y, en síntesis ciudades mas vivibles y sin arterioesclerosis múltiple.
Maestro académico del CUAAD, UdeG
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