/ jueves 29 de octubre de 2020

Playas libres ¿Por fin?

Probablemente la privatización de las playas de nuestro país, sea uno de los temas inconstitucionales más evidentes. Pensar que los mexicanos somos los verdaderos propietarios de las bellas playas y zonas costeras es un eufemismo; hace mucho la especulación, a partir de las grandes inversiones del estado para construir centros turísticos, se ha convertido en un terreno fértil para la obtención de enormes regalias bajo el tráfico de información privilegiada en este país.

No obstante, el daño generado en Cancún luego de más de 50 años de haberse iniciado el relleno con escombro que le permitió ganar terreno al mar, también generó la notoria exclusión de los nativos a partir de los grandes consorcios hoteleros y fraccionamientos de lujo a lo largo de la “Riviera Maya”, que hoy se extiende desde el municipio de Benito Juárez (Cancún) hasta Tulúm, pasando por Playa del Carmen y Puerto Morelos, lugares en los cuales los mexicanos, nacidos en el sureste, son los menos proclives a acceder a las playas más hermosas del Caribe mexicano. En síntesis, una metáfora.

Algo similar ha ocurrido en Puerto Vallarta donde para acceder a las hermosas playas calcareas de Punta de Mita o Nuevo Vallarta, se requiere tener una propiedad en los elegantes “cotos” que le dieron plusvalía a la conocida “Riviera Nayarita” la cual ya se extiende de Puerto Vallarta hasta entrado ese estado vecino y pasa por las playas de Cruz de Huanacaxtle, Guayabitos y Bucerias, por citar sólo algunas.

De la ciudad de Puerto Vallarta ni hablar, donde casi 1 millón de habitantes han observado cercenado el derecho constitucional de acceso a las playas en esa bella Bahía de Banderas, a partir de los extremos de dinamitar los acantilados naturales para confinar playas como “Las Estacas”, solo para el usufructo turístico de propietarios o huéspedes de condominios y hoteles de lujo como el ex Camino Real, o los asentados en playas como “Las Gemelas”.

Sin embargo, el patético ejemplo del robo institucionalizado se presenta cuando declara la voz representante de los hoteleros que “sí hay acceso a las playas”. Si, lo he constatado como usuario asiduo a ese destino turístico, sólo le faltó agregar que el acceso a ese sistema de playas se hace a través de callejones, basurales y patios traseros de todos los negocios, plazas comerciales y hoteles cuando éstos no le impiden a cualquiera el acceso a la playa por sus propias instalaciones edificadas para tener el mejor recinto y el placer estético de la Costa Norte de Jalisco.

Por ello, el Decreto publicado por el Gobierno Federal en el cual se da a conocer que, “SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY GENERAL DE BIENES NACIONALES, PARA GARANTIZAR EL LIBRE ACCESO Y TRÁNSITO EN LAS PLAYAS”, documento en el cual destaca:

ARTÍCULO 127.- …

En el caso de que no existan vías públicas o accesos desde la vía pública, los propietarios de terrenos colindantes con la zona federal marítimo terrestre deberán permitir el libre acceso a la misma, así como a las playas marítimas, a través de los accesos que para el efecto convenga a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales con los propietarios, mediando compensación en los términos que fije el reglamento. Dichos accesos serán considerados servidumbre, en términos de la fracción VIII del artículo 143 de esta Ley.

Parece representar playas accesibles como las de Campeche, BCS, Yucatán y Veracruz.

* Académico del CUAAD de la Universidad de Guadalajara

carlosm_orozco@hotmail.com

Probablemente la privatización de las playas de nuestro país, sea uno de los temas inconstitucionales más evidentes. Pensar que los mexicanos somos los verdaderos propietarios de las bellas playas y zonas costeras es un eufemismo; hace mucho la especulación, a partir de las grandes inversiones del estado para construir centros turísticos, se ha convertido en un terreno fértil para la obtención de enormes regalias bajo el tráfico de información privilegiada en este país.

No obstante, el daño generado en Cancún luego de más de 50 años de haberse iniciado el relleno con escombro que le permitió ganar terreno al mar, también generó la notoria exclusión de los nativos a partir de los grandes consorcios hoteleros y fraccionamientos de lujo a lo largo de la “Riviera Maya”, que hoy se extiende desde el municipio de Benito Juárez (Cancún) hasta Tulúm, pasando por Playa del Carmen y Puerto Morelos, lugares en los cuales los mexicanos, nacidos en el sureste, son los menos proclives a acceder a las playas más hermosas del Caribe mexicano. En síntesis, una metáfora.

Algo similar ha ocurrido en Puerto Vallarta donde para acceder a las hermosas playas calcareas de Punta de Mita o Nuevo Vallarta, se requiere tener una propiedad en los elegantes “cotos” que le dieron plusvalía a la conocida “Riviera Nayarita” la cual ya se extiende de Puerto Vallarta hasta entrado ese estado vecino y pasa por las playas de Cruz de Huanacaxtle, Guayabitos y Bucerias, por citar sólo algunas.

De la ciudad de Puerto Vallarta ni hablar, donde casi 1 millón de habitantes han observado cercenado el derecho constitucional de acceso a las playas en esa bella Bahía de Banderas, a partir de los extremos de dinamitar los acantilados naturales para confinar playas como “Las Estacas”, solo para el usufructo turístico de propietarios o huéspedes de condominios y hoteles de lujo como el ex Camino Real, o los asentados en playas como “Las Gemelas”.

Sin embargo, el patético ejemplo del robo institucionalizado se presenta cuando declara la voz representante de los hoteleros que “sí hay acceso a las playas”. Si, lo he constatado como usuario asiduo a ese destino turístico, sólo le faltó agregar que el acceso a ese sistema de playas se hace a través de callejones, basurales y patios traseros de todos los negocios, plazas comerciales y hoteles cuando éstos no le impiden a cualquiera el acceso a la playa por sus propias instalaciones edificadas para tener el mejor recinto y el placer estético de la Costa Norte de Jalisco.

Por ello, el Decreto publicado por el Gobierno Federal en el cual se da a conocer que, “SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY GENERAL DE BIENES NACIONALES, PARA GARANTIZAR EL LIBRE ACCESO Y TRÁNSITO EN LAS PLAYAS”, documento en el cual destaca:

ARTÍCULO 127.- …

En el caso de que no existan vías públicas o accesos desde la vía pública, los propietarios de terrenos colindantes con la zona federal marítimo terrestre deberán permitir el libre acceso a la misma, así como a las playas marítimas, a través de los accesos que para el efecto convenga a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales con los propietarios, mediando compensación en los términos que fije el reglamento. Dichos accesos serán considerados servidumbre, en términos de la fracción VIII del artículo 143 de esta Ley.

Parece representar playas accesibles como las de Campeche, BCS, Yucatán y Veracruz.

* Académico del CUAAD de la Universidad de Guadalajara

carlosm_orozco@hotmail.com