Los llamados a defender el Estado de Derecho tienen dentro de sí una trampa. Es una forma de mantener el estado de cosas anterior que produjo la situación tan nefasta en la que se encontró México. El fallo más reciente de la Suprema Corte de Justicia en contra del decreto que daba un carácter de seguridad nacional a ciertas obras del presidente López Obrador nos da una razón para hablar de ello en un sentido más amplio, lejos de esta coyuntura particular.
Los abogados en México como gremio tienen una aureola de respetabilidad, empero su fama de eslabones en la cadena de la corrupción. Es uno de los gremios percibidos como parte de una burguesía en ascenso por aquellos al que el presidente llama “aspiracionistas” pero también a veces por las clases bajas. Ser abogado puede llevarlo a uno a ser gente bien, por decirlo de algún modo. Parte de este halo de respetabilidad viene de su cercanía con el poder político – ser abogado puede llevar a ser juez, diputado, algo.
La construcción de la paz social priista se nutrió en gran medida de esta concepción. Fueron estos licenciados en derecho los que construyeron el edificio del partido único e instrumentaron las elecciones ficticias con las que se validaba el régimen una y otra vez. Ellos mismos también instrumentaron las reformas neoliberales y al verlas retrotraídas, se han refugiado en el poder judicial.
Suele identificarse al derecho con la justicia, pero en realidad, con el derecho puede hacerse casi cualquier cosa. Al menos en la teoría, el derecho fija reglas para que los virajes democráticos no sean tan violentos y respeten ciertos bordes inamovibles, por ejemplo, no asesinar a los oponentes. En la práctica, el derecho ha servido para darle carácter legal a decisiones no consensuadas con el pueblo de México, para legalizar el saqueo de recursos públicos y proteger la corrupción organizada de cuello blanco.
A muchas personas les asusta admitirlo, o que se diga públicamente. Sin embargo, debe decirse. El orden jurídico mexicano es un orden fraudulento, construido a través de la fuerza del dinero privado, del silencio y colaboración de legisladores primordialmente del partido único y reforzado por una coalición conservadora de 3 partidos (el mentado PRIANRD). Ese orden está cambiando desde 2018 y quienes lo crearon, se han refugiado en el Poder Judicial o se han aliado con él para oponerse a cambios que no son jurídicos, sino sociales. La gente ya no tolera que la defensa de un procedimiento jurídico redunde en la liberación de un delincuente por defender algún principio abstracto. Tampoco tolera que una obra de utilidad pública para millones de personas se frene por el interés particular de un despacho de abogados financiados por dinero estadounidense.
El vituperio a Norma Piña, que encabeza a la oposición legalista al presidente Obrador, es resultado de esta inversión de antivalores. ¿Quién construye el derecho y para quién? Durante más de 40 años, los legisladores del régimen anterior prácticamente reescribieron el orden jurídico del país, quitándole a la Constitución de 1917 su carácter social pionero en el mundo y cambiándola más de 700 veces ¿Los artículos más cambiados? Los referentes al trabajo (art. 123) y al régimen de propiedad (art. 27) Esos legisladores la reinterpretaron en sentido inverso y la armonizaron con sistemas de derecho anglosajones para hacernos más dóciles ante la dominación comercial estadounidense y canadiense. Los jueces de la SCJN pocas veces fueron en contra de dichas reformas, mucho menos de forma tan activa como hoy en día.
La Suprema Corte de Justicia en sus sentencias más recientes ha puesto principios abstractos por encima del interés público, se ha fijado en cuestiones de procedimiento e incluso se ha puesto por encima de los 3 poderes, atreviéndose a juzgar cuándo una cuestión “no ha sido lo suficientemente discutida en la democracia”.
Esto no es nuevo, pero la coyuntura nos revela la alineación de la Suprema Corte con intereses económicos, extranjeros y de grupos empresariales con la coalición PRI, PAN PRD. Los mensajeros de este orden caduco, anterior, ya se hicieron escuchar a través de las amenazas que profirió Norma Piña al Senador Alejandro Armenta en unos infames mensajes de WhatsApp que ya son públicos.
Para Norma Piña y los jueces corruptos que pululan en el Poder Judicial que se acogen a su manto de omisión mientras ella combate al presidente, está claro que la ley es para vestirse con ella y que sirve a quienes les financian, les alaban o les dejan enriquecerse calladamente bajo una toga en medio de muchos asesores que les redactan sus proyectos que declaman dramáticamente en el canal de televisión del Poder Judicial.
