La trágica muerte de varios mexicanos que se han dado en las últimas semanas y días a partir de las inundaciones, los deslaves y riadas, deben tener nombre, apellido y sexenio de los funcionarios públicos irresponsables que tuvieron en su escritorio los elementos jurídicos para hacer valer la Ley, impedir los trágicos acontecimientos y dejar, para siempre, la búsqueda de los pretextos en el pasado para darle, en el presente, continuidad en la impunidad.
Los cabildos que aprobaron usos de suelo para vivienda de autoconstrucción al borde del cerro del Chiquihuite en Tlalnepantla Estado de México, no pueden argumentar el no haberse dado cuenta después de décadas de observar el peligro que se cernía en los habitantes de viviendas precarias construidas en las faldas de ese cerro en el cual, por cierto, más de un vecino alertó 15 días antes ante las autoridades de Protección Civil, del peligro existente ante la amenaza de derrumbe de rocas que, de acuerdo a lo hoy comprobado, llegan a pesar más de 300 toneladas.
Podemos suponer, trágicamente la imposibilidad de cuantificar el desastre ante el derrumbe, hasta hoy, de cientos de viviendas precarias cuya construcción se permitió durante décadas a partir de la traza irregular de viviendas y calles como sucede en otras regiones de nuestro país.
De la misma forma y a pesar que la Ley de Aguas Nacionales establece la facultad del Gobierno de la República de administrar los afluentes en todo el territorio nacional, lo cierto es que la devastación en la Isla de Cuale en Puerto Vallarta era previsible ante la irregular edificación de comercios, viviendas y hasta un hotel en ese tipo de suelos urbanos se han convertido en manzanas de oro en los sitios turísticos que incluyen la ilegal forma de ganarle terreno a las playas para constriur malecones, miradores y paseos pedestre en el terreno ganado al mar, a pesar de que la ley establece esa imposibilidad a partir de una distancia mesurada de donde hacen su dinámica las olas.
Sin embargo encontraremos cada vez más cerca de donde explotan las olas, hoteles como el de la Playa Mismaloya en Jalisco con una rivera aledaña con un río escurriente de una montaña anexa.
De la misma forma encontraremos devastación de masa arbórea cuyas raíces unificaban acantilados, barrancas y riveras acuáticas en cualquier parte del territorio nacional. Así podríamos explicar el desbordamiento del arroyo El Seco por su paso en los municipios de Tlaquepaque y Zapopan, cuyos daños materiales suman ya decenas de millones de pesos que tienen a los gobiernos preocupados por la forma de resarcir el daño material. Pero deberán reconocer la pérdida de vidas humanas como un daño irreparable y lacerante en la memoria colectiva que, seguramente, durante décadas deberá repetirse: si podía evitarse, ¿cómo fue que la corrupción y la indolencia de otros eventos previos nos llevaron hasta esto?.
Por ello mi propuesta, antes de más desbordamientos de las presa Las Pintas, de arroyos El Seco, o desgajamientos como el de El Chiquihuite, hagamos públicos los nombres de quienes permitieron su urbanización y el crecimiento habitacional precario y de quienes, a partir de ahora, deberían ser responsables de evitarlo. Para eso son las elecciones.
