Usar recursos públicos para negocios particulares es un delito y se llama corrupción. Bien decía José Mujica, expresidente de Uruguay, “al tipo (gobernante) que le guste la plata hay que correrlo de la política”. En Jalisco hay bastantes que deberían estar fuera, su ambición por el dinero ha puesto en riesgo nuestro futuro y es que estos tipos no defienden al medio ambiente, al contrario, lo vulneran con sus negocios inmobiliarios; para muestra los parques del Nixticuil en Zapopan y en Guadalajara el parque San Rafael y el Resistencia Huentitán. A las y los vecinos que se han atrevido a combatir la corrupción y defender sus parques, han sido víctimas de persecución política y hasta jurídica, lo digo de viva voz al yo mismo haber sido 1 de los 3 estudiantes encarcelados por defender un parque.
Las instituciones públicas que deberían impedir violaciones a los derechos humanos nos han decepcionado al ser cómplices por guardar silencio, así ocurre con la PRODEUR y la CEDHJ, siendo que en los últimos 2 años el mayor número de quejas que ha recibido fueron sobre el medio ambiente y sin embargo no ha hecho nada al respecto; su silencio facilita los negocios corruptos desde el Estado y permite su reiteración.
Hace unos días, del 28 al 30 de agosto, se celebró la Cumbre Internacional del Hábitat de América Latina y el Caribe de la ONU en Guadalajara, bajo el lema pensar global y actuar local. Pese a este tipo de eventos que podrían aumentar la concientización ecologista, en lo local nada ha impactado para proteger las áreas verdes del estado de Jalisco, ni para garantizar el derecho a la vivienda, más aún, los mandatarios municipales utilizan estas plataformas para intentar justificar los proyectos inmobiliarios ante la opinión pública.
En el foro “la vivienda es un derecho, no un instrumento de inversión” se dijo que la vivienda es un derecho consagrado en nuestra constitución y sin embargo se ha convertido en una lucha de clases. Algunos poseedores de vivienda buscan cómo vivir de sus rentas y acaparar más, esto provoca una lucha por acceder a la vivienda. El fenómeno de acaparamiento y el aumento acelerado en el precio de la vivienda han hecho que acceder a ella se haya convertido en un tema de vida o muerte como bien explicó Andrés de la Peña.
Bajo la bandera de garantizar el derecho a la vivienda, el Estado ha invertido y dispuesto recursos y bienes públicos para garantizarlo a la mayoría de los habitantes del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), lamentablemente sin éxito. Los precios de compra y renta han aumentado en los últimos 5 años más de un 40% en el AMG. Como dijo el regidor Tonatiuh Bravo: los desarrollos en la ciudad de Guadalajara se concentran en los espacios de mayor plusvalía (poniente) de la ciudad y con precios lejos del poder adquisitivo de la mayoría de habitantes del AMG, tan es así que nuestra ciudad capital ha ido perdiendo habitantes de manera progresiva en la última década al haber sido desplazados de manera forzada por no tener para pagar ni siquiera la renta. Estos desplazados, de acuerdo con Alicia Torres, están condenados a vivir en islas de marginación y violencia, con servicios públicos deficientes y pobreza de tiempo por sus largos trayectos en transporte público.
Hoy por hoy, luchar por el acceso a la vivienda es el tema que toca resolver a nuestra generación según Max Jaramillo, que sea una realidad acceder a una vivienda digna sin comprometer los espacios verdes de la ciudad. Si no actuamos hoy para lograr las reformas de ley y políticas públicas necesarias que limiten el acaparamiento y democraticen este derecho para las mayorías, estaremos condenados a vivir en una ciudad poseída por unos cuantos y padecida por la mayoría. Exigir a las autoridades que piensen en el bienestar de la mayoría y no en los negocios de unos cuantos es lo que tenemos que tener presente en nuestra próxima cita con las urnas.
