/ jueves 11 de marzo de 2021

La Primavera: ¿protegida?

Nuestro vital bosque de La Primavera al poniente del área metropolitana de Guadalajara, fue declarado Área Natural Protegida y, desde entonces, la agresión inmobiliaria a sus “zonas de amortiguamiento” ha sido constante.

De hecho, la reportera Violeta Meléndez publicó apenas el año pasado en el mes de febrero: “En el papel, el bosque de La Primavera es un área de protección de flora y fauna por el Gobierno Federal y reserva de biosfera por decreto internacional, pero en la práctica, se tolera la construcción de nuevas fincas, remodelación con miradores privados, restaurantes y hasta tiendas de regalos”.

Es decir, la invasión de ese polígono de protección no ha parado en estos 41 años de declaratoria de la Área Natural Protegida, consistente originalmente, en más de 40 mil hectáreas de las cuales hoy persisten menos de 30 mil por el amparo alcanzado por el ejido Santa Ana Tepetitlán.

Esa capacidad especulativa le ha permitido a los propietarios contar con el 57.4% de la superficie total hoy convertida en propiedad privada y con un 23.8% del total del área protegida como propiedad ejidal por lo cual se deduce que sólo el 18.7% es propiedad estatal.

Agrega la reportera Meléndez que “… de forma aislada y silenciosa, propietarios e invasores han logrado fincar en la actualidad (2020) 595 casas dentro del polígono de protección, de las cuales sólo 229 fueron construidas antes del decreto que prohíbe este tipo de desarrollos y se consideran legítimas, mientras que 366 son irregulares y debido a ello, la Procuraduría Federal al Ambiente (PROFEPA) ha iniciado procesos administrativos contra 240”. De las cuales sólo 2 han sido demolidas.

Es de suponerse que otros reporteros con una clara formación en materia ambiental han replicado este tema como Agustín del Castillo de Milenio quien, por cierto, en una de sus colaboraciones resalta el trabajo de los Colectivos Ecologistas encabezados por la prestigiada y finada María Casparius así como de Mayté Cortés, Jorge Gastón, María del Rayo Calderón y Jaime Eloy Ruíz Barajas.

El mismo del Castillo alude al investigador de la U de G Miguel Magaña Virgen, quien ha tenido una participación científica notable a través de la Asociación Anillo Primavera conformado por universitarios de la máxima casa de estudios y del ITESO, y agrega que “Posiblemente el único fruto concreto generado con propósitos más específicos ha sido el decreto de Zona de Restauración del Cerro del Tajo, establecido por vecinos y el Gobierno Estatal”.

Lo cierto es que entre los ejidatarios y los fraccionadores han acentuado fuertes diferencias ampliamente documentadas por estos mismos investigadores y reporteros, diferencias que parecen no tener fin de no intervenir, de manera firme, la mano del Gobierno Estatal y del propio Gobierno de la República al tratarse de un amplio servicio ambiental para el área metropolitana y para el estado. Y siguen llegando fraccionadores, especuladores y, por supuesto, corruptelas en las cuales los ayuntamientos involucrados en su protección o hacen caso omiso a cambio de prebendas o no han tenido la fuerza jurídica y política para contenerlos.

Lo anterior, sin considerar las invasiones ilegales al servicio del bosque y la venta irregular con el beneplácito de las autoridades como el fraccionamiento Los Robles y muchos más mencionados por los defensores académicos, los ejidatarios conscientes y activistas ecológicos cuyas voces a veces se escuchan ténues ante la opinión pública.

* Académico del CUAAD de la Universidad de Guadalajara

carlosm_orozco@hotmail.com

Nuestro vital bosque de La Primavera al poniente del área metropolitana de Guadalajara, fue declarado Área Natural Protegida y, desde entonces, la agresión inmobiliaria a sus “zonas de amortiguamiento” ha sido constante.

De hecho, la reportera Violeta Meléndez publicó apenas el año pasado en el mes de febrero: “En el papel, el bosque de La Primavera es un área de protección de flora y fauna por el Gobierno Federal y reserva de biosfera por decreto internacional, pero en la práctica, se tolera la construcción de nuevas fincas, remodelación con miradores privados, restaurantes y hasta tiendas de regalos”.

Es decir, la invasión de ese polígono de protección no ha parado en estos 41 años de declaratoria de la Área Natural Protegida, consistente originalmente, en más de 40 mil hectáreas de las cuales hoy persisten menos de 30 mil por el amparo alcanzado por el ejido Santa Ana Tepetitlán.

Esa capacidad especulativa le ha permitido a los propietarios contar con el 57.4% de la superficie total hoy convertida en propiedad privada y con un 23.8% del total del área protegida como propiedad ejidal por lo cual se deduce que sólo el 18.7% es propiedad estatal.

Agrega la reportera Meléndez que “… de forma aislada y silenciosa, propietarios e invasores han logrado fincar en la actualidad (2020) 595 casas dentro del polígono de protección, de las cuales sólo 229 fueron construidas antes del decreto que prohíbe este tipo de desarrollos y se consideran legítimas, mientras que 366 son irregulares y debido a ello, la Procuraduría Federal al Ambiente (PROFEPA) ha iniciado procesos administrativos contra 240”. De las cuales sólo 2 han sido demolidas.

Es de suponerse que otros reporteros con una clara formación en materia ambiental han replicado este tema como Agustín del Castillo de Milenio quien, por cierto, en una de sus colaboraciones resalta el trabajo de los Colectivos Ecologistas encabezados por la prestigiada y finada María Casparius así como de Mayté Cortés, Jorge Gastón, María del Rayo Calderón y Jaime Eloy Ruíz Barajas.

El mismo del Castillo alude al investigador de la U de G Miguel Magaña Virgen, quien ha tenido una participación científica notable a través de la Asociación Anillo Primavera conformado por universitarios de la máxima casa de estudios y del ITESO, y agrega que “Posiblemente el único fruto concreto generado con propósitos más específicos ha sido el decreto de Zona de Restauración del Cerro del Tajo, establecido por vecinos y el Gobierno Estatal”.

Lo cierto es que entre los ejidatarios y los fraccionadores han acentuado fuertes diferencias ampliamente documentadas por estos mismos investigadores y reporteros, diferencias que parecen no tener fin de no intervenir, de manera firme, la mano del Gobierno Estatal y del propio Gobierno de la República al tratarse de un amplio servicio ambiental para el área metropolitana y para el estado. Y siguen llegando fraccionadores, especuladores y, por supuesto, corruptelas en las cuales los ayuntamientos involucrados en su protección o hacen caso omiso a cambio de prebendas o no han tenido la fuerza jurídica y política para contenerlos.

Lo anterior, sin considerar las invasiones ilegales al servicio del bosque y la venta irregular con el beneplácito de las autoridades como el fraccionamiento Los Robles y muchos más mencionados por los defensores académicos, los ejidatarios conscientes y activistas ecológicos cuyas voces a veces se escuchan ténues ante la opinión pública.

* Académico del CUAAD de la Universidad de Guadalajara

carlosm_orozco@hotmail.com